La mujer de 65 años, residente del estado Táchira, recibió la pena máxima por "traición a la patria". Organizaciones defensora de derechos humanos denuncian irregularidades en el juicio y grave deterioro de su salud.
Un tribunal penal venezolano condenó el pasado 14 de noviembre a la médica general Marggie Orozco, de 65 años y oriunda del estado Táchira, a 30 años de prisión por enviar un audio de WhatsApp en el que criticaba al gobierno de Nicolás Maduro y convocaba a participar en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, denunciaron organizaciones defensoras de derechos humanos.
La sentencia, considerada la pena máxima, fue dictada bajo los cargos de traición a la patria, incitación al odio y conspiración. El exgobernador de Táchira, César Pérez Vivas reveló en sus redes sociales que el fallo fue dictado por la juez Luz Dary Moreno. La exautoridad también calificó el hecho como "un acto perverso contra una persona con graves problemas de salud".
La detención de Orozco se produjo la noche del 5 de agosto de 2024 en San Juan de Colón, municipio Ayacucho del estado Táchira, luego de que una integrante de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) denunciara el contenido del audio.
En el mensaje, la doctora expresaba quejas por la distribución de bombonas (balones) de gas doméstico en su comunidad e instaba a los vecinos a ejercer el voto.
Detalles del audio y la denuncia
Según el comité de derechos humanos del partido Vente Venezuela, el audio combinaba la convocatoria electoral con críticas puntuales a la gestión de los CLAP, estructuras creadas por el chavismo para la distribución subsidiada de alimentos y que, según múltiples denuncias, también ejercen control social en las comunidades.
La denuncia fue presentada por una jefa de CLAP de San Juan de Colón, lo que derivó en la captura inmediata de la médica por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) y otras organizaciones alertaron que el juicio estuvo marcado por la negación del derecho a la defensa y la ausencia de garantías procesales mínimas.
Marggie Orozco padece problemas cardíacos y depresión crónica desde 2013, agravada por la muerte violenta de dos de sus hijos.
