La educación privada ha logrado satisfacer las necesidades educativas con un mejor rendimiento. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo con un sector que se lleva la mayor cantidad de dinero de presupuesto público y que no está cerrando ningún tipo de brecha?
No es novedad que durante varias décadas el sistema educativo público del Perú no ha logrado atender de manera completa las necesidades de los estudiantes en todos los niveles. Las familias han elegido qué educación quieren que reciban sus hijos y la educación privada ha ponderado en esa oferta y demanda ante el abandono de las autoridades en la educación pública. ¿Por qué?
Las razones fueron expuestas en el último CADE Ejecutivos, por María Isabel León, presidenta del Comité Estratégico de Educación de IPAE, quien presentó una radiografía en el sistema educativo y el impacto de la inversión privada en la educación. Va desde la infraestructura de las instituciones educativas hasta el desempeño académico, resaltando que los alumnos de escuelas privadas tienen mayores niveles de logro satisfactorio en lectura y matemática.
En palabras de María Isabel León, esto no configura un enfrentamiento, sino que “otorga una idea de cuán importante es tratar de abrir la gestión de la educación pública al sector privado sin que deje de ser gratuita ni deje de tener ese carácter público”.
CIFRAS
En 2023, la gestión privada respecto a la educación básica se vio representada solo con el 24%, mientras que el 76% lo aglomeraba el sector público. Sin embargo, en la educación superior los números se invierten con un 77% para el privado y 23% al público. En pocas palabras, en cuanto a universidades e institutos, el privado responde a una necesidad que el sistema público no ha logrado satisfacer.
Esto se debe en parte a que las universidades privadas han ido aumentando y fortaleciendo su oferta académica con acreditaciones de calidad, nacionales e internacionales, reconocidas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE).
También criticó que, a pesar de que en la educación básica el 76% de la matrícula está en el sector público, el Ministerio de Educación sigue insistiendo en regular y fiscalizar la educación privada que es la minoritaria: “no miran lo que ellos tienen que administrar que está en un estado deplorable”.
Otro aspecto que destacó es en relación con la morosidad y los pagos. León explicó que hay leyes que promueven a que las personas se acostumbren a no cumplir con sus obligaciones. “No sabía que la Ley de Protección a la Economía Familiar tenía que protegerse con una ley para que las personas no paguen. Eso desfinancia a las instituciones privadas y no les permite invertir sus recursos a tiempo”, indicó.
PROPUESTAS
La primera de ellas es impulsar las Asociaciones Público-Privadas (APP) para la construcción, equipamiento, mantenimiento y gestión del servicio público a través de una entidad privada.
En segundo lugar, revisar las condiciones básicas de calidad y exigencias para las instituciones educativas, es decir, estas deben ser esenciales, con impacto real en la calidad y necesarias para lograr que los estudiantes aprendan.
Lo tercero, es garantizar la sostenibilidad y supervivencia de las instituciones educativas privadas, eliminando la excesiva burocracia, exigencia de trámites y leyes punitivas e ineficaces. Hay 5 leyes que deben ser observadas.
La cuarta propuesta es revalorizar la educación secundaria técnica y la educación superior técnica y tecnológica. “Lo que nosotros queremos es que se evalúe la educación técnica desde la secundaria para que los chicos salgan con algún tipo de formación que les permita trabajar”, precisó.
Resaltó que todas estas iniciativas son importantes y dependerán también de la voluntad política.
