Increíblemente, el gobierno de Dina Boluarte no observó la ley de crimen organizado aprobada por el Congreso y promovida por Waldemar Cerrón.
Esta nueva norma, como muchas otras ya aprobadas, fue cuestionada por la ciudadanía y especialistas, pues una de sus características es que ahora los investigados podrán participar durante los allanamientos que realicen las autoridades.
Además, esta iniciativa del hermano del prófugo Vladimir Cerrón proponía que se eliminen 59 tipos penales de los 91 originalmente incluidos. Ahora, la tala ilegal, la estafa agravada, la venta de órganos, el enriquecimiento ilícito y el tráfico ilícito de migrantes ya no serían incluidos como delitos graves.
Sobre los allanamientos de inmuebles o lugares cerrados que no estén relacionados con un flagrante delito, la norma establece que estos solo pueden llevarse a cabo si existen motivos razonables y suficientes pruebas que lo justifiquen.
