Se produjo un nuevo atentado en Pataz, en el que murió una persona y derribaron torres eléctricas, recordando épocas de terror en el país. En ese marco, Carlos Gálvez, César Ipenza y Ricardo Valdés cuestionan las acciones del Estado para frenar a la delincuencia organizada.
El crimen organizado asociado a la minería ilegal sigue causando daño en el Perú ante la pasividad de las autoridades. Alarmantes, pero previsibles son los constantes atentados en las zonas de concesiones mineras. El último de ellos ocurrió la noche del jueves 4 de abril en la minera Poderosa, específicamente en el centro poblado Pueblo Nuevo, en el distrito y provincia de Pataz, región La Libertad, donde derribaron dos torres de alta tensión y asesinaron a un trabajador de la compañía.
Estos acontecimientos no hacen más que confirmar que la derogatoria del decreto legislativo 1607 por parte del Congreso y promulgada por el Ejecutivo fue nefasta, al quitar a la Policía la facultad de decomisar material explosivo. Igual de mala que la decisión del Gobierno de imponer estados de emergencia sin estrategia alguna.
Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), opinó que declarar estados de emergencia “es un canto de sirena”. Dijo que “debe haber una acción como la que hubo contra el terrorismo en los 90″. “¿Alguien le ha dado respaldo político a las acciones de las FF.AA. y la Policía? No. Si el jefe supremo de las FF.AA. y la PNP, que es la presidenta de la República, no se involucra, manda pero no comanda, no sirve de nada”, manifestó. Insistió en que estos delincuentes “actúan como terroristas, esto es terrorismo urbano y rural. Volar torres y matar gente es terrorismo”.
El abogado especialista en derecho ambiental César Ipenza, señaló que “el Ejecutivo no ha tomado acción. Tiene complacencia. La derogatoria del decreto legislativo 1607 fue acatada casi en silencio y publicada de inmediato en El Peruano”.
Con preocupación, dijo que en el Congreso ya se viene gestando un proyecto de ley para extender el plazo de formalización en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre del 2027. “Las acciones del Ejecutivo son puro maquillaje”, lamentó.
Finalmente, el ex viceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que “el problema es tremendamente complejo”, ya que la minería ilegal “ha tomado la región La Libertad hace muchos años. Quiruvilca, Sánchez Carrión, Parcoy, han tenido episodios de violencia desde hace 15 o 20 años. El sector privado no ha tenido el apoyo del Estado. El problema es muy complejo y un estado de emergencia no lo va a resolver. Estamos queriendo aplicar una cirugía cuando ya estamos haciendo metástasis”, subrayó.
