El director de Orden y Seguridad (Dirnos) aseguró que la institución colabora con el Ministerio Público y no interviene en las diligencias del caso.
A pocos días de cumplirse un año de las protestas en contra de Dina Boluarte, que cobró la vida de más de 50 peruanos, el Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses contra el Suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), Joe Erik Torres Lovón. Sin embargo, esta decisión se basa solo en el caso del asesinato de Rosalino Flores, estudiante que recibió más de 30 perdigones en las movilizaciones sociales del Cuzco.
En conferencia de prensa, se le consultó al General Jorge Angulo, Comandante General de la PNP, sobre la postura de la institución. En este caso, la autoridad decidió dar la palabra al director de Orden y Seguridad (Dirnos), Víctor Zanabria, quien señaló que son responsabilidades “individualísimas”.
“Con relación al mandato de detención contra este efectivo policial, esto demuestra el apoyo que ha recibido los órganos jurisdiccionales para determinar las responsabilidades individualísimas en el problema de la conflictividad social”, señaló en la conferencia de prensa.
Además, aseguró que la institución continuará protegiendo los derechos humanos de las personas “incluyendo a aquellos que de manera violenta podrían infringir la ley”. A su vez, precisó que todas las investigaciones que se desarrollan en Cusco y otras regiones que se reportaron fallecidos tienen el “respaldo” de la PNP.
Asimismo, volvió a recalcar que “en las investigaciones la responsabilidad es individualísima”. Mientras tanto, aseguró que el estudiante falleció por recibir impacto de plomo, el cual los efectivos “no utiliza”. Es así como aseguró que serán las investigaciones de determinar si el hecho se da por “desconocimiento del uso del cartucho o porque de manea intencional se haya cambiado la munición”.
Poder Judicial dicta prisión preventiva
Con tan solo 22 años, Flores Valverde falleció luego de luchar por varias semanas por su vida después de recibir más de 30 impactos de perdigones por la espalda. Estas balas le dañaron y perforaron los órganos vitales. Aquel 11 de enero, había acudido a la marcha en contra del régimen de Dina Boluarte que se desarrollaba en varias regiones.
Para salvarle la vida, fue trasladado a Lima, donde no resistió y se convirtió en la última víctima mortal de las protestas en nuestro país, contra Boluarte. De esta manera, hasta la fecha, Joe Erik Torres es el único efectivo que está siendo investigado por estas movilizaciones sociales.
