Hoy cumple 540 días en la clandestinidad. Tribunal Constitucional anuló sentencia en su contra por el caso La Oroya y ordenó al Poder Judicial emitir nuevo pronunciamiento. Sin embargo, el dueño de Perú Libre tiene todavía una orden de prisión preventiva de 24 meses.
Hasta inicios de esta semana, sobre el dueño de Perú Libre, Vladimir Cerrón, pesaba una condena de tres años y seis meses de prisión por la adjudicación irregular de las obras de construcción del Aeródromo Wanka, y por la cual pasó a la clandestinidad hace 540 días. También una sentencia de cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad suspendida por irregularidades en la licitación de la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de La Oroya durante su gestión como gobernador regional de Junín.
Hoy, el otrora socio político de la presidenta Dina Boluarte está libre de polvo y paja, por lo menos en esos dos casos —todavía tiene una orden de prisión preventiva de 24 meses en su contra por el caso de aportes irregulares a su agrupación—. El miércoles 26, la Corte Suprema lo absolvió de la primera condena, y ayer el Tribunal Constitucional (TC) declaró, por mayoría, fundado el habeas corpus presentado por su defensa legal, anuló la sentencia contra él por el caso La Oroya por los delitos de negociación incompatible y le ordenó al Poder Judicial emitir un nuevo pronunciamiento.
Los cuatro votos a su favor fueron de Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Luis Gutiérrez Ticse y Pedro Hernández Chávez.
Hoy, Vladimir Roy Cerrón Rojas —pese a su cuestionado y frondoso historial de antecedentes judiciales— está habilitado para postular en las elecciones generales de 2026, y expedito para sumarse a la lista de eventuales aspirantes impresentables que aspiran a llegar a la Presidencia de la República, Congreso y Parlamento Andino.
“Cerrón puede postular”
José Naupari, experto en Derecho Electoral, declaró a este diario que “si Cerrón no tiene ninguna sentencia condenatoria vigente, no figura en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles —porque una cosa es que lo absuelvan de la responsabilidad penal y otra de la obligación de pagar una reparación civil— y figura como afiliado a una organización política desde el 12 de julio del año pasado, sí podría candidatear”. “Tener un mandato de prisión preventiva o estar procesado no te inhabilita de postular, no supone un impedimento de candidatura”, indicó.
No obstante, subrayó que si bien Cerrón podría hacer campaña desde la clandestinidad, al pesar una orden de prisión preventiva en su contra sería detenido si la hace de manera presencial. “Ese es un impedimento de facto, por decirlo de alguna manera, a realizar la campaña; postular lo puede hacer en estricto, pero con todo lo que eso implica va a ser muy difícil que este señor mantenga una candidatura”, comentó.
