Cuando un gobierno nacional, regional o local carece de un líder o lideresa que sepa conducir los destinos del régimen hacia el logro de los objetivos, entonces la administración gubernamental pierde credibilidad y confianza ante su pueblo.
Eso es lo que está ocurriendo con el accionar del Poder Ejecutivo que preside Dina Boluarte Zegarra y los poderes Legislativo y Judicial que lo complementan.
El poder Ejecutivo se ha convertido en 'titere' del Legislativo. Dina le debe un favor político al Congreso: su presencia y permanencia en el mando.
La devolución de la factura le está costando muy caro al Ejecutivo. Cede constantemente a las presiones del Legislativo, a manera de chantaje político, desdeñando su labor ejecutiva en pro del ordenamiento económico, social y jurídico del país.
Económicamente el Perú está en recesión. La recesión es un fenómeno económico que se caracteriza por un crecimiento negativo del Producto Bruto Interno (PBI), altos índices de desempleo y disminución de la inversión interna y externa.
En el aspecto social, el descontento popular se refleja en las encuestas de opinión. Sólo el 9% de la población respalda al gobierno de Dina.
La crisis social que vive el Perú pone en peligro la estabilidad y continuidad de la gestión de la mandataria. Se alzan voces por la renuncia de Dina o el adelanto de las elecciones generales programadas para el 2026.
Referente al tema jurídico, el escándalo suscitado por la inconducta funcional de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y su destitucion por cuenta de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha enfrentado al Congreso que la 'respalda' y la JNJ.
En represalia, el Parlamento tramó destituir a los siete miembros que conforman la JNJ por supuesto prevaricato.
Este conflicto de poderes hace cada vez más impopular al gobierno. Su divorcio con el pueblo es notorio y preocupante.
