Esperan sentados. Cinco organizaciones políticas están implicadas en el caso Lava Jato: Fuerza Popular, el Apra, el Partido Nacionalista, el Partido Popular Cristiano y Renovación Popular. Perú Libre está comprometido por lavado de activos y Podemos Perú por organización criminal.

La ley que excluye a las organizaciones políticas de responsabilidad penal está vigente desde esta semana, pero su aplicación no ha sido inmediata, contrario a lo que muchos políticos esperaban. El caso más ejemplar es el del Partido Nacionalista, liderado por el expresidente Ollanta Humala, que ya en juicio requirió ejecutar la norma y recibió como respuesta del Poder Judicial que ello se dilucidará al final del proceso.

Sin embargo, la mayoría de especialistas coincide en que ningún partido político será sancionado penalmente ni será disuelto por condena. El penalista Fernando Silva explicó que el castigo máximo será una multa.

Solo hay otro partido en la misma condición que el nacionalismo y es Fuerza Popular (FP). El 1 de julio afrontará su propio juicio por los supuestos aportes ilegales que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016.

Hasta el momento, según pudo conocer este diario, FP no ha presentado escritos a los tribunales pidiendo el archivamiento de su acusación. Aunque sí hay investigados que han requerido la anulación del juicio. Además de ellos dos, hay otros cinco partidos que esperan ser limpiados de toda denuncia penal.

Debate y exclusión
Renovación Popular, que encabeza el alcalde Rafael López Aliaga, también es investigado en el caso Lava Jato.

Y es que al tomar posesión de Solidaridad Nacional, y cambiar su nombre, heredó sus pasivos: que con el fallecido Luis Castañeda habría recibido aportes ilícitos de empresas brasileñas para sustentar sus actividades proselitistas en 2010 y 2014.

El Partido Popular Cristiano (PPC) y el Apra no están bajo indagación formalmente, pero la teoría fiscal señala que dinero ilícito de Odebrecht ingresó a sus arcas para el mismo fin político.

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