Al cierre del 2023 se reportaron más de 34 mil casos de arrebatos de pertenencias en comparación con el año anterior. Otro de los ilícitos que registró un alza en la incidencia fue la extorsión.
Pese a las constantes declaratorias de emergencia dadas por el gobierno de Dina Boluarte y supuestas estrategias contra la inseguridad ciudadana, la ola de criminalidad ha sido superior. En el 2023 se registraron 225.761 denuncias por hurto y robo, es decir 34.153 casos más que el año anterior (191.608).
Los datos, extraídos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, reflejan que del total, 153,233 corresponden al arrebato de bienes sin violencia; mientras que el robo con un arma blanca o de fuego suma 72.528 víctimas.
Las regiones con mayor número de hurtos denunciados fueron Lima (42.191) Lambayeque (18.861), Arequipa (11.524), La Libertad (7.103) y Piura (6.567); mientras que en el caso de robos, las zonas donde más casos se reportaron fueron Lima (26.587), Lambayeque (8.186), Piura (4.606), La Libertad (4.557), Arequipa (4.488) e Ica (4.079). A excepción de Ica, las zonas que reportaron la mayoría de robos y hurtos durante el 2023 fueron las mismas.
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Si nos concentramos en Lima, lugar que lidera la mayoría de denuncias en ambos ilícitos, se conoció que la zona con más números de hurtos es Lima Centro con 14.587 denuncias. Le sigue Lima Este (9.515), Norte, (8.539) Sur (7.461) y Noroeste (2.089).
En relación con los robos, Lima Norte lidera la incidencia con 7.529. Luego, se encuentra Sur (7.079), Este (5.875), Centro (4.946) y Noroeste (1.158).
Casos de extorsiones también incrementaron
Otro de los ilícitos que lamentablemente reportó más víctimas en comparación con el año anterior fue las extorsiones. Mientras en el 2022 se enumeró 12.077, en el 2023 se denunciaron 20.456; es decir 8.379 casos adicionales.
Consultado por el medio en mención, el ex subcomandante general de la PNP Edgardo Garrido alertó que los delitos tienen a incrementarse debido a la poca inversión en labores de inteligencia y tecnología para los efectivos, además de la falta de seguridad jurídica, la cual debería “darte la certeza de que el Poder judicial administrará justicia de manera adecuada y que el fiscal va a denunciar, pero esto es lo que no se hace”.
“A ello se agrega que los operadores del sistema de administración de justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y Policía) no trabajan de manera coordinada, puntualizó.
