Hasta ayer se cerraron 29 centros comerciales en todo el país. Municipalidades sobrereaccionan por falta de ingenieros probos que puedan identificar los riesgos. Cierres también se prestan para corrupción y chantajes, según expertos.
Las medidas de las municipalidades ante el siniestro en el centro comercial Real Plaza de Trujillo, lejos de proteger la vida de los usuarios, están generando nuevas víctimas: 100 mil empleos entre directos e indirectos están en suspenso, además más de 2,500 negocios entre locatarios (tiendas que operan dentro de los malls) y módulos de ventas con obligaciones financieras y nuevos stocks para la campaña escolar han dejado de operar, debido al cierre indiscriminado de centros comerciales.
Ayer se cerraron dos nuevos malls con lo que la cifra llegó a 29. Con ello, casi un tercio (31.9%) del total de centros comerciales que opera en el país está paralizado.
Uno de los malls que se cerró en la víspera fue el de Plaza Lima Sur, un local de 116,460.7 m2 (más de 10 veces el Estadio Nacional), de propiedad de Cencosud, construido sobre un terreno perteneciente al Ejército del Perú, en Chorrillos. Este fue clausurado en su totalidad temporalmente, debido al desprendimiento de 10 baldosas del techo del patio de comidas. Caída que habría estado asociada con el temblor ocurrido por la mañana.
La Municipalidad de Chorrillos solo se limitó a cerrarlo, según su subgerente de Inspección y Control de Sanciones del municipio, Roland Jayo, por “riesgos detectados en la infraestructura”, sin ninguna prueba fehaciente que justifique el cierre de todo el centro comercial.
“Las municipalidades están fiscalizando y haciendo su trabajo ex post, pero cerrando los centros comerciales, cuando lo normal cuando te fiscaliza la municipalidad es que los comercios tienen dos días para subsanar”, sostuvo José Antonio Contreras, gerente general de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP).
