El Gobierno Regional de La Libertad, encabezado por César Acuña Peralta, ha presentado una solicitud formal al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, pidiendo que el Ejército del Perú asuma el control del orden interno en las provincias de Trujillo y Virú.
Esta decisión llega después de semanas de una creciente ola de criminalidad y disturbios que han desbordado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP), poniendo en riesgo la seguridad de los ciudadanos.
La solicitud se basa en el estado de emergencia declarado en ambas provincias, que ha estado vigente debido a la alarmante situación de violencia. Según los decretos supremos 107-2024-PCM y 109-2024-PCM, el estado de emergencia se ha prorrogado varias veces, lo que ha llevado a la suspensión de derechos constitucionales esenciales, como la libertad de tránsito y de reunión. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la inseguridad ha ido en aumento, lo que ha llevado a las autoridades regionales a considerar una intervención más drástica.
Recientemente, el 27 de octubre, los habitantes del distrito de Chao se manifestaron en respuesta a la alta criminalidad en la zona, bloqueando la carretera Panamericana Norte. Esta protesta, que reunió a aproximadamente 400 manifestantes, se volvió violenta y culminó en enfrentamientos que dejaron varios heridos, incluidos policías.
Desbordando la capacidad policial
En el documento dirigido a la PCM, Acuña Peralta subrayó la necesidad urgente de restablecer el orden en Trujillo y Virú, donde las organizaciones criminales han tomado las calles y han desafiado abiertamente a la autoridad.
Las autoridades regionales argumentaron que la presencia del Ejército podría proporcionar el respaldo necesario para restablecer la seguridad y el orden público. La propuesta no es nueva; en diversas ocasiones, ante crisis de seguridad, se ha apelado a la intervención militar como una solución para enfrentar el aumento de la violencia. Sin embargo, esta medida genera un debate sobre la militarización de la seguridad pública y las implicancias que conlleva.