Mineros informales quieren que la nueva Ley MAPE autorice al Banco de la Nación a comprar su oro sucio. Proyectos de ley de los congresistas Salhuana, Montoya y Flores Ancachi les quieren allanar el camino. Aquí su jugada.
¿El Estado como lavadora de oro? Desde las sombras de la minería informal se trama un jaque mate con la venta del oro sucio, que favorecerá a la minería ilegal. ¿El objetivo? Impedir el rastreo de su origen, infiltrarlo en la legalidad e ingresarlo al mercado financiero bajo la fachada de una fortuna limpia.
Ayer expiró el plazo para que la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) entregue sus propuestas para la Ley MAPE a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Se accedió en exclusiva al plan que, bajo el sigilo de la conspiración, oculta su carta ganadora: blanquear los US$6,000 millones que mueve ese sector al año a través de un mecanismo que ha encendido sirenas de alerta en la minería formal.
El esquema es simple y letal, y lo que se pretende es que el Banco de la Nación (BN) compre el oro ilegal sin cuestionar su origen, lo que podría abrir socavones en el aparato estatal, permitiendo que se camufle el mineral sucio, en muchos casos marcado por la pólvora y el crimen.
La idea se inspira en el modelo de operación del desaparecido Banco Minero del Perú y también en el actual modelo boliviano en el que cooperativistas venden a la estatal Epcoro el oro que queda resguardado en el Banco Central de Bolivia (BCB). ¡Como si el pase de una mano a otra bastara para eliminar la ilegalidad!
La semana pasada, los dirigentes de Confemin tejieron su estrategia con la complicidad de asesores del parlamentario Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial, bancada aliada de la que también forma parte el presidente de la Comisión de Energía y Minas, Paul Gutiérrez.
De prosperar la propuesta, toneladas del metal entrarían al sistema financiero con el sello del Estado y la minerías ilegal e informal recibirían un barniz de legalidad con el que intentarían cubrir que no son sino flagrantes evasores de millonarios impuestos que bien podrían ser destinados a financiar obras en salud, educación, transportes y seguridad ciudadana.
Mientras unos quieren seguir apostando por esa minería que no aporta más que contaminación, tráfico de personas, inseguridad y otros males, la minería legal sigue cumpliendo con el pago de canon, regalías, y generando trabajo e inversión
