Suspendida fiscal de la nación anunció que hará denuncias por vulneraciones al debido proceso. "Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado", sentenció, además calificó la decisión congresal como "una fechoría tras otra".
La suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, inhabilitada por 10 años, denunció una represalia por no entregar su cargo a Patricia Benavides y tildó la decisión de "mensaje directo" para amedrentar a todos los fiscales del país. También cuestionó el "silencio total" de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello.
Tras la aprobación por parte del Congreso de inhabilitarla para ejercer cargos públicos por diez años, Espinoza, brindó una conferencia de prensa en la que arremetió duramente contra el Poder Legislativo, a quien acusó de consumar la “toma” del Ministerio Público.
Inhabilitación como represalia por Benavides
La fiscal suprema afirmó que su inhabilitación es una consecuencia directa de su negativa a someterse a presiones políticas. Según sus palabras, se le está sancionando por no haber obedecido las “órdenes de despojarme del cargo yo misma de fiscal de la Nación y entregárselo a la entonces destituida Patricia Benavides Vargas”.
Espinoza interpreta el accionar del Congreso como un intento de intimidación general. Sostuvo que la medida es un “mensaje directo a todos los fiscales titulares y no titulares para que se sometan, para que tengan miedo”.
"No por mí, no por Delia Espinoza, sino por la institucionalidad, por el respeto y la defensa de la autonomía del Ministerio Público”, complementó, haciendo un llamado a los fiscales a reaccionar.
Crítica al Silencio del Poder Judicial
La ex-titular del Ministerio Público también dirigió sus críticas a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, por no pronunciarse públicamente sobre este caso: “Están tomadas esas instituciones, el Poder Judicial pareciera porque hay un silencio total por parte de su presidenta, a quien yo públicamente he pedido que se pronuncie”, indicó.
A pesar de la inhabilitación, Delia Espinoza aseguró que se siente la “legítima fiscal de la Nación”, cargo que actualmente ostenta de forma interina Tomas Gálvez. Advirtió que la Junta de Fiscales Supremo estaría convalidando la “inconstitucionalidad” si designa a un nuevo fiscal.
Además, sin ninguna prueba afirmó que se estaría preparando un fraude para las siguiente elecciones presidenciales y parlamentarias.
Finalmente, reiteró que presentará una acción de amparo ante el Poder Judicial, además de denuncias por supuestas infracciones a la Constitución, para revertir la decisión del Congreso.
