Son 41 los procesados que este 1 de julio deberán asistir a la audiencia que será presencial.
Al menos seis acusados por los presuntos aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori han requerido al Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional que no se instale el juicio el próximo 1 de julio alegando que las imputaciones por lavado de activos no están claras.
Se conoció que Fujimori, su exesposo Mark Vito Villanella, los abogados Arsenio Oré Guardia, Edward García y Lorena Gamero; y la empresa MVV Bienes Raíces han presentado esas solicitudes.
Oré Guardia, sindicado por la Fiscalía de obstruir las diligencias como defensa de la excandidata presidencial, hizo público el documento entregado al tribunal en el que indica que el juez de investigación preparatoria no absolvió las observaciones presentadas en la fase de control de acusación.
“No existe una imputación clara, precisa ni individualizada sobre el hecho que se atribuye a cada imputado; no existe una individualización de los elementos de convicción contra ningún acusado ni respecto a ningún delito, se ha generalizado como si todos estuvieran en la misma situación jurídica”, se lee en el escrito.
Este diario conoció que la mayoría de los 41 acusados se ha adherido a esta postura. Aunque también tendrían otra razón para impedir la realización de la audiencia. Uno de los acusados, que requirió permanecer anónimo para esta nota, indicó a este diario que el pasado viernes 21 de junio recién han sido notificados con el expediente judicial que conducirá el juicio oral.
“Son 780 tomos y cada uno tiene 500 hojas, lo que se está pidiendo es tiempo para revisar cada uno de esos tomos, para armar toda esa carpeta los jueces han tenido cinco meses, en una semana será difícil leer todo; además de ello no se han notificado los anexos”, comentó.
La sala deberá analizar estos requerimientos antes de disponer el inicio del juicio, que será convocado de forma presencial.
Tenga en cuenta
-Fuerza Popular, partido que está comprendido en la acusación, sería excluido del proceso a causa de la ley aprobada en el Congreso que quita responsabilidad penal a las organizaciones políticas.
-Se imputa lavado de activos y organización criminal.
