Dirigente aseguró que empresas pagan entre tres y cuatro cupos a bandas extorsivas. Ojeda consideró que el estado de emergencia dictado por le Ejecutivo "no sirve para nada", Además, señaló que su gremio busca una reunión con el presidente José Jerí.
El dirigente del gremio de transportes, Martín Ojeda, aseguró que los transportistas evalúan convocar a un paro nacional de 48 horas, entre el 15 y 17 de diciembre, ante la imparable crisis de seguridad viven los conductores y pasajeros de transporte público.
El anuncio de Ojeda se da horas después de que un conductor de la empresa Etcimosa, que opera la Línea 20, fuese asesinado el miércoles, en el distrito de Chorrillos, mientras cumplía su ruta habitual.
El dirigente detalló que, en las últimas semanas, vehículos de al menos cinco empresas de transporte han sido incendiados. En ese sentido, señaló que, en varios casos, los atentados fueron realizados luego de recibir cartas extorsivas.
“El estado de emergencia no está dando frutos la situación está agudizándose día a día, está pasando el tiempo. Los fallecidos no hablan, pero sus familias están en desgracia, estamos en un estado de guerra”, señaló en un medio televisivo nacional.
Asimismo, el dirigente denunció que las empresas deben pagar entre tres y cuatro cupos a diferentes bandas criminales. Señaló que, de no hacerlo, los criminales atentarán contra la vida de los transportistas.
Conductor es acribillado en Chorrillos
Como se sabe un chofer de la empresa de transporte Etcimosa, que opera la Línea 20, fue asesinado el miércoles 3 de diciembre, en el distrito de Chorrillos, mientras cumplía su ruta habitual.
La víctima de 43 años, conducía un bus en la zona de San Genaro cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon en varias ocasiones. El conductor fue trasladado de emergencia al hospital Casimiro Ulloa, pero llegó sin signos vitales. Durante el ataque, una pasajera también resultó herida.
Ante el homicidio, la empresa suspendió temporalmente sus operaciones en señal de duelo y por temor a nuevos ataques, mientras que la Policía Nacional del Perú acordonó la zona y revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.
Testigos señalaron que los atacantes serían extranjeros. La PNP confirmó además que la empresa había recibido amenazas previas de extorsionadores, lo que refuerza la hipótesis de que el asesinato estaría vinculado a prácticas de sicariato y cobro de cupos.
