Colegio de Abogados de Lima, entidad que tiene la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que prescribe los crímenes de lesa humanidad, pidió al Ejecutivo que no promulgue la norma.
El Colegio de Abogados de Lima, a través de su Junta Directiva, ha emitido un comunicado en el que insta al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a observar la nueva de Ley de Amnistía que el Congreso aprobó el último jueves 4 de julio. En su declaración, el CAL hace un pedido a Boluarte a que aplique esta medida ante los intentos del Legislativo de “obstaculizar el acceso a la justicia”, de al menos 600 casos alertados por la Fiscalía de la Nación que serían afectados con la aplicación de esta norma en fueros judiciales.
“Desde la Junta Directiva del Colegio de abogados de lima, exhortamos al Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta a la primacía de la convencionalidad, proceda observar la autógrafa de Ley Aprobada por el Congreso de la República, conforme a las facultades de veto”, señala el comunicado difundido el pasado domingo, por medio de un pronunciamiento colectivo de la Junta Directiva de dicha Institución.
El comunicado del Colegio de Abogados resalta que el Congreso interpreta erróneamente la no retroactividad de las leyes penales, salvo cuando benefician al procesado. En cambio, advierte el CAL, “el Derecho Penal Internacional permite la persecución retroactiva por la naturaleza extrema de ciertos delitos y su impacto en los valores básicos de la comunidad internacional”.
“El Congreso de la República considera que está prohibida la retroactividad de las leyes penales, a excepción de cuando favorezca al procesado; sin embargo, en el Derecho Penal Internacional, el cual se rige por la convencionalidad, así como por los principios de la no impunidad, se permite la persecución penal en forma retroactiva por la naturaleza extrema de los delitos y porque los hechos afectan a los valores básicos de la comunidad internacional, teniendo un ejemplo claro el Tribunal de Nuremberg”, se lee en la misiva.
De hecho, para esta institución, que tiene la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad, el proyecto de ley —aprobado por la Comisión Permanente con apenas 15 votos, frente a los que debía requerir ante un pleno en el que debe superar la mitad más uno de los votos habilitado— tiene como objetivo evitar la aplicación retroactiva de la convencionalidad sobre crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.
En ese sentido, el CAL considera que la aplicación de la normal dejaría impunes hechos cometidos antes de esas fechas e “impediría la persecución penal, condena y sanción de las personas que cometieron tales crímenes antes de julio de 2002, obstaculizando el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas”. En ese sentido, advirtió que la afectación contraviene lo determinado en el Estatuto de Roma.
