Desde la Corte IDH indicaron que este requerimiento busca garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, a cuyas sentencias se refiere el proyecto que aprobó en primera votación el Parlamento.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano que, mediante sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad ocurridos antes de 2002.
Mediante una resolución, la Corte IDH dio esta disposición para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a cuyas sentencias hace referencia el proyecto aprobado en primera votación por el Congreso de la República el pasado 6 de junio.
Requieren también al Estado peruano que presente con fecha límite el 9 de agosto de 2024, un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de esta resolución. Asimismo, señalan que se deberá continuar informando a la Corte cada tres meses, desde la remisión del último informe, respecto de las medidas provisionales adoptadas, ello hasta que el tribunal resuelva su levantamiento.
Desde la Corte solicitan, además, que las representantes de las víctimas presenten sus observaciones dentro de un plazo de cuatro semanas, que serán contadas desde la notificación de los informes del Estado.
Piden observaciones sobre informes del Estado
Asimismo, requieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presente sus observaciones a los informes estatales en un plazo de dos semanas y disponen que la Secretaría de la Corte notifique de esta resolución al Estado peruano, a los representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre sus consideraciones, la Corte IDH señala que la redacción de las disposiciones de la iniciativa parlamentaria podría interpretarse como que las calificaciones complementarias dictadas en los casos Barrios Altos y La Cantuta podrían ser objeto de nulidad. Ello, dijeron, tendría un impacto negativo en los avances alcanzados respecto de la obligación de investigar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables de las graves violaciones de estos estos casos.
En este caso está involucrado Alberto Fujimori, quien fue excarcelado el 7 de diciembre de 2023, al amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana.
