Titular del Ministerio de Vivienda acudió al Congreso de la República donde pidió aprobar la Ley de Acceso Universal al Agua Potable.
Ante el Pleno del Congreso, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Hania Pérez de Cuéllar, recalcó que no existe ni existirá intención de privatizar o concesionar alguna de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, como Sedapal, a nivel nacional.
“Deseo reiterar y dejar en claro a toda la representación parlamentaria y a todo el país, que no existe ninguna intención de privatizar, ni concesionar, ninguna EPS a nivel nacional. Lo que queremos a través del Decreto Legislativo N° 1620, es fortalecer a nuestras empresas prestadoras de saneamiento”, afirmó.
Durante las respuestas a las 13 preguntas formuladas en el pliego interpelatorio, la titular del MVCS explicó a la representación parlamentaria que, por el contrario, su gestión busca convertir a las EPS en empresas públicas eficientes.
“Esta gestión ha tomado la firme decisión de solucionar el problema medular de las EPS, porque para cerrar la brecha necesitamos tener empresas públicas modernas, eficientes, sin corrupción y sostenibles, con espaldas financieras y con instrumentos de planificación y gestión. Rechazamos seguir tomando el trago amargo de la indiferencia, aceptando la justicia social”, sentenció.
En ese sentido, la ministra reiteró que no existe un plan para privatizar el servicio de agua potable, sino políticas que tienen como objetivo dar servicio de calidad a los ciudadanos.
“La única alternativa que estamos planteando es que las EPS sigan siendo públicas. Públicas, pero eficientes. Públicas, pero modernas. Públicas, pero que cierren brechas. Públicas, pero que den un servicio de calidad. Públicas, pero equitativas. Públicas pero sostenibles. Finalmente, públicas, pero sin corrupción”, agregó.
En otro momento, la titular del sector señaló que mediante una concesión, el Estado no pierde su condición de propietario y conserva sus plenos derechos sobre tales activos.
“Las concesiones son un mecanismo de participación del sector privado para contribuir al cierre de brechas, dado que solo con recursos públicos es imposible atender todas las necesidades de la población, especialmente de los más necesitados. Con ellas no se privatiza nada”, apuntó.
La ministra Pérez de Cuéllar culminó su intervención invocando al Pleno del Congreso a aprobar la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, que permitirá llevar agua de manera rápida a la población que actualmente no cuenta con este servicio.
“Es una Ley histórica que nos reconcilia con nuestra gente. En el año 2023, este Gobierno ha llevado agua potable a 600 mil compatriotas y 700 mil hoy tienen servicio de saneamiento, lo que significa que hemos cerrado la brecha en 1%. Si hemos logrado esta cifra sin estas 2 reformas, hago la pregunta, ¿imaginan Uds. lo que podremos hacer con ellas implementadas?”, sostuvo.
