Tres horas de diálogo, fueron necesarias para que el Gobierno y transportistas de Lima y Callao acordaran suspender el paro y formar una mesa de trabajo el 14 de octubre para abordar el tema de extorsiones, con medidas de apoyo a víctimas y seguridad.
Tras tres horas de conversaciones en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), representantes del Gobierno y gremios de transporte público de Lima y Callao firmaron el acta que pone fin al paro convocado por 24 horas este lunes, evitando su extensión hasta este martes 7 de octubre.
El acuerdo incluye la instalación de una mesa de trabajo permanente para abordar la ola de extorsiones y ataques del crimen organizado que azotan al sector, con compromisos de apoyo a víctimas y fortalecimiento de medidas de seguridad.
La paralización, acatada mayoritariamente en el norte y este de la capital, generó caos vial, bloqueos en avenidas clave como Túpac Amaru y Universitaria, y un impacto en miles de pasajeros que optaron por transporte informal con tarifas elevadas o enfrentaron tumultos en paraderos.
El paro surgió en respuesta a dos actos violentos del fin de semana: el asesinato de un conductor de autobús la noche del sábado en San Juan de Miraflores y el ataque que dejó herido a otro chofer el domingo en San Juan de Lurigancho, atribuidos a presuntos sicarios vinculados a extorsiones.
El primer ministro Eduardo Arana, quien lideró la reunión junto a los ministros de Economía (Raúl Pérez-Reyes), Interior (Carlos Malaver) y Transportes (César Sandoval), enfatizó durante la conferencia de prensa posterior que "el diálogo es el preámbulo para poder llegar a acuerdos estables".
Los acuerdos
El documento, suscrito a las 22:00 horas de este lunes, detalla cinco compromisos principales que fueron leídos por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT):
1- Instalar el día martes 14 de octubre una mesa de trabajo con participación de la presidencia del Consejo de Ministros y demás entidades públicas y empresas de transporte que permita abordar la problemática de manera integral que afecta al servicio de transporte urbano.
2- El Poder Ejecutivo se compromete a brindar el apoyo necesario a los conductores, cobradores y deudos de las víctimas de los actos delictivos.
3- El Poder Ejecutivo se compromete a coordinar con el Ministerio Público y el Poder Judicial la implementación de las unidades de flagrancia, así como el fortalecimiento del bloqueo de las líneas de celular en centros penitenciarios.
4- Los firmantes se comprometen a poner en marcha sus mayores esfuerzos y trabajar de manera conjunta a fin de evitar la implementación de acciones que afecten al normal desarrollo del servicio de transporte y en tal sentido, las medidas que se propongan pasarán por una coordinación previa entre las partes, a fin de evitar la afectación del servicio para los usuarios.
5- Se acuerda no continuar con la medida de paralización llevada a cabo el día lunes 6 de octubre del 2025 y restablecer los servicios de transporte urbano con normalidad a partir del martes 7 de octubre.
Próximos pasos
Arana anunció que acciones administrativas, jurídicas y económicas ya en marcha –a través del Ministerio de Transportes, Interior y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU)– se darán a conocer en los próximos días.
Además, los transportistas prevén una reunión este martes con el presidente del Congreso y coordinaciones con fiscales para involucrar a la Fiscalía en la mesa de trabajo.
"Esperemos que esta situación dé fin a este conflicto, señor ministro (Eduardo Arana), y liberarnos tanto ustedes, como los demás poderes el Estado de esta desgracia que afronta nuestro país", dijo Ojeda al finalizar su intervención.
