Dictamen beneficia a policías y militares investigados, denunciados o procesados y se extiende a los adultos mayores de 80 años de dichas instituciones que ya cuentan con sentencia firme. La medida, sin embargo, se precisa, se ejecutará siempre que sus beneficiarios no hayan sido condenados por delitos de terrorismo ni por delitos de corrupción de funcionarios.
Por mayoría, 14 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó esta tarde conceder una amnistía general a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
De acuerdo al dictamen aprobado por el grupo de trabajo, que preside Fernando Rospigliosi, "se concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentran en calidad de denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados de su participación en la lucha contra el terrorismo" entre los referidos años.
Este beneficio se extiende con carácter humanitario a los adultos mayores de 80 años que habiendo sido miembros de dichas fuerzas del orden y comités de autodefensa "cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentran en trámite de ejecución de sentencia con pena privativa de libertad efectiva o suspendida" por los mismos delitos.
Posiciones encontradas
Durante el debate, congresistas de distintas tiendas políticas se pronunciaron indistintamente a favor y en contra de la propuesta que parte de un proyecto de ley presentado con el congresista Jorge Montoya de la bancada Honor y Democracia. Wilson Soto, de Acción Popular, sostuvo que no se puede someter a los ciudadanos a procesos judiciales eternos.
No obstante, acogió las observaciones dadas a la comisión por el constitucionalista Aníbal Quiroga, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución, quien advirtió que es "jurídicamente inviable y contrario a los compromisos internacionales asumidos por el Perú, la promulgación de un proyecto que otorga una amnistía general a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y funcionarios del Estado" por cuanto "comprometería gravemente el derecho a la verdad, socavaría los principios fundamentales de justicia y promovería un clima de impunidad, lo cual representa una amenaza directa al Estado de Derecho y nos pondría fuera de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
La congresista Gladys Echaíz, por su parte, respaldó la iniciativa en favor de quienes —dijo— "durante tantos años se encuentran procesados, denunciados o investigados sin haber recibido todavía una condena". Además, en su intervención, reseñó la situación que enfrentaron las autoridades de justicia y la población en general en la época del terrorismo.
Sin embargo, sostuvo que la amnistía debe aplicarse solo para quienes se encuentran en la condición de procesados, denunciados o investigados, y no para los sentenciados porque constituiría un indulto y eso corresponde al Poder Ejecutivo", acotó.
Esta misma observación formuló el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, quien no obstante advirtió que "hay un Estado indolente que ha pisoteado derechos fundamentales", por lo que consideró como un acto de justicia la aprobación de la norma.
