En trámite. En manos de la Junta Nacional de Justicia queda la continuidad en sus puestos de la jueza Janet Tello y la fiscal Delia Espinoza. La primera ya afronta un proceso administrativo; la segunda fue denunciada ante esa instancia y espera saber si será investigada.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha cobrado un poder inusitado por poner en jaque a las autoridades que lideran las instituciones que persiguen el delito en el país. Los mandatos de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quedaron a merced de una entidad que está más cerca del poder político de lo que debería.
La JNJ acogió la queja que interpuso, en 2024, el coronel PNP (r) Julio Cadenillas Díaz contra la jueza suprema y otros cuatro magistrados por rechazar su casación, con la que pretendía retornar a la actividad policial, invocando supuestamente una ley derogada.
Esto sucede mientras la Corte Suprema, que tutela Tello, está decidiendo sobre casos de corrupción que implican a congresistas y a la misma presidenta Dina Boluarte. Y para acentuar las diferencias, a inicios de febrero, la jueza suprema dijo que la mandataria-cuya hermana René Boluarte es asesora en la JNJ-“debe estar mal asesorada” por sus permanentes críticas al sistema de justicia.
Hay que tener en cuenta que en la entidad que destituye jueces y fiscales hay miembros con raíces que los sujetan a la política. Por su parte, el abogado Miguel Pérez Arroyo calificó de “atípico” que un ministro empapele a una fiscal de la Nación con la que debería coordinar para combatir la delincuencia.
De esta forma, las investigaciones contra Tello y Espinoza en fueros administrativos y políticos se asemejan a amenazas. Se ha desatado una pugna sin cuartel por el control del sistema de justicia.
