La concentración se realizó este viernes a las 4:00 p. m. en el frontis del Palacio de Justicia, en el Cercado de Lima.
Diferentes organizaciones indígenas convocaron una marcha nacional para el viernes 21 de junio para denunciar los proyectos de ley impulsados por el Congreso y el Ejecutivo que, aseguraron, ponen en riesgo los derechos de los pueblos indígenas, así como la preservación de la Amazonía peruana.
La concentración se realizó en el frontis del Palacio de Justicia, desde donde colectivos sociales, activistas, artistas y estudiantes universitarios partirán hacia la sede del Parlamento.
"Denunciaremos la continua vulneración de nuestros derechos y el deterioro de la democracia. Vamos a exigir una vez más la protección para nuestros defensores y defensoras indígenas. También expresaremos nuestro rechazo ante los más de 500 casos de violación sexual a escolares indígenas del pueblo awajún por parte de docentes", dijo Jorge Pérez, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).
Ley “antiforestal” y asesinatos de defensores ambientales
Aidesep criticó, por ejemplo, la Ley N.º 31973, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por “degradar” la Amazonía y debilitar los compromisos del Perú sobre temas ambientales y lucha contra el cambio climático.
Según Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), a la fecha han sido asesinados más de 32 defensores indígenas, por lo que los organizadores de la marcha piden la derogación de lo que han calificado como norma “antiforestal”, así como medidas efectivas para garantizar la protección de los bosques amazónicos.La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana también objetó el dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, con los votos de miembros de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y otros parlamentarios, por “criminalizar” a las organizaciones indígenas y de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.
Los colectivos señalaron, además, que la protesta obedece a su rechazo a la ley que establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 2002, y el dictamen aprobado en primera votación en el Congreso que modifica la ley contra el crimen organizado, el cual permitiría la expansión de la minería informal, impediría la fiscalización y promovería su impunidad.
