No vamos a aceptar iniciativas de este tipo”
A través de un pronunciamiento, Javier Arévalo mencionó que la iniciativa propuesta por el hermano del prófugo Vladimir Cerrón no solo es antidemocrática y anticonstitucional, sino que refleja un espíritu totalitario. Adelantó que recurrirán a todas las vías a fin de impedir su implementación.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, emitió una fuerte oposición hacia el proyecto de ley presentado por Waldemar Cerrón, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, que propone la creación de una comisión de fiscalización de jueces y fiscales. El Poder Judicial argumenta que esta iniciativa no solo atenta contra principios fundamentales como la democracia y la Constitución, sino que refleja un espíritu totalitario dirigido a controlar los organismos encargados de la administración de justicia.
En un pronunciamiento, el titular de la entidad no solo expresó su rechazo, sino que adelantó que lucharán “en defensa de sus fueros y autonomía”. “No vamos a someternos a ninguna motivación totalitaria, venga de donde venga, y defenderemos la democracia e independencia judicial en todas las formas que nos permite el ordenamiento legal”, agregó.
Asimismo, exhortó al máximo representante del Parlamento, Eduardo Salhuana, a “revisar este tipo de proyectos que solo contribuyen al enfrentamiento innecesario de los poderes del estado y, por supuesto, dañan la imagen de nuestra patria”.
El objetivo del proyecto, según la documentación presentada por el también segundo vicepresidente del Parlamento, es crear una “Comisión de Fiscalización de la Función de jueces y fiscales”, a fin de “promover un marco institucional más riguroso para la supervisión y sanción de conductas corruptas, influenciando la confianza pública en el sistema judicial y en la integridad de los procesos legales”. Sin embargo, esto plantea una duplicidad de funciones, ya que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya posee la capacidad de evaluar el desempeño de jueces y fiscales en conjunto con la Academia de la Magistratura cada tres años y medio.
Además, la JNJ puede sancionar a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos, incluso destituyéndolos si es necesario, “a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. El proyecto presentado por Cerrón no establece una diferenciación clara entre fiscales supremos y otros de menor rango.
