El colectivo ciudadano Iniciativa Democrática presentó una solicitud ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para que active este recurso jurídico a favor del Perú, por considerar que la democracia está en peligro en el país. ¿De qué se trata esta carta y cuál es su impacto real?
El 7 de mayo pasado la organización civil Iniciativa Democrática envió una carta dirigida al secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, donde le solicitan activar la Carta Democrática Interamericana a favor del Perú, un instrumento jurídico para evitar rupturas del orden democrático.
El objetivo de esta solicitud es que la OEA inicie un diálogo nacional por considerar que existe una alteración del orden democrático en el país y, por tanto, la estabilidad social y la gobernabilidad también corren riesgo: “Como es de su conocimiento, el Congreso de la República, con anuencia del Poder Ejecutivo, ha aprobado una serie de reformas constitucionales y adoptado decisiones legislativas que están afectando gravemente la separación y la independencia de poderes”, señala la misiva.
En otras líneas la carta hace un recuento de distintos hechos ocurridos en el país que reflejan ese riesgo democrático: “Las acciones tomadas contra la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de someterla a una dependencia política del Congreso, son particularmente graves, como son las reformas aprobadas al régimen electoral, entre ellas la eliminación del requisito de elecciones primarias [...]. La Autonomía de la Fiscalía de la Nación y el propio Tribunal Constitucional están siendo también directamente afectadas”, indica la carta.
Especialistas en Derecho Internacional consultados explican las implicancias de este recurso a nivel internacional y su impacto de llegar a ser activada.
Así nace la activación de la Carta Democrática
“Cualquier persona o grupo de personas, asociación civil u ONG, puede mandar una carta al secretario general de la OEA para pedir que él tome la iniciativa y busque la activación de la Carta Democrática. Entonces, la sola petición o solicitud no activa la carta en sí, sino que le están pidiendo al secretario general que lo haga”, explica Gattas Elías Abugattás, docente universitario especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
El especialista añade que, tras recibirse la solicitud, la OEA debe hacer suyo el pedido, ya sea a través de su consejo permanente o de su secretario general, o incluso el gobierno de cualquiera de sus estados miembros.
“La propia Carta establece que hay ciertos elementos que son indispensables para que funcione un régimen democrático: defensa de derechos humanos, separación de poderes, que esta separación de poderes no sea solo formal, sino que también en la práctica haya un trabajo independiente de estos poderes; entre otros. Si estos aspectos básicos se encuentran en riesgo o se han perdido en un país miembro de la OEA, el secretario general deja el tema en manos del Consejo Permanente, así, no sólo una persona, sino un grupo de personas son los que evalúan la situación”, señaló Abugattás.