Analistas consultados señalan que transparentar bienes es un deber, así como rendir cuentas.
La presidenta Dina Boluarte deberá explicar a la Fiscalía el origen de sus relojes Rolex y otras joyas de alto valor. Al igual que ella, otros jefes de estado peruanos fueron investigados y cuestionados por sus costosas adquisiciones.
La presidenta de la República, ofreció un discurso a la Nación luego de que la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú, junto a un equipo de fiscales allanara su domicilio y Palacio de Gobierno, para investigar el origen de los relojes de alta gama de la marca Rolex que posee, entre otras joyas costosas. En el discurso, la mandataria se preguntó: “¿Desde cuándo un sector de la prensa se preocupa en lo que usa o no usa una presidenta o un presidente? Espero y quiero creer que no es un tema sexista o de discriminación”.
¿Indagar y conocer el dinero con que se financian los bienes de un jefe de Estado puede ser calificado como un acto discriminatorio? Los especialistas consultados para esta nota, coinciden en recordar que la fiscalización a todo funcionario público es un ejercicio válido y que ha sido constante en los últimos años en democracia. Aquí las razones.
La ley respalda la fiscalización
El artículo 41 de la Constitución Política del Perú señala que “Los funcionarios y servidores públicos que señala la ley o que administran o manejan fondos del Estado o de organismos sostenidos por éste, deben hacer declaración jurada de bienes y rentas al tomar posesión de sus cargos, durante su ejercicio y al cesar en los mismos”.
Además, el Perú cuenta con la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que en su capítulo II sobre principios y deberes del funcionario público señala: “[el funcionario] debe ejecutar los actos de servicio de manera transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona natural o jurídica. El servidor público debe brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna”.
“En efecto, rendir cuentas no es nada exagerado. Es una obligación de todo alto funcionario declarar este tipo de bienes, en la medida de que pueden estar ocultando entregas de artículos o regalos, a cambio de beneficios. Entonces, lo que se quiere saber es con qué riqueza cuenta la persona, cómo ha incrementado su patrimonio, porque sabemos que no toda la corrupción se da a través de la entrega de maletines con dinero, por tanto los argumentos de la presidenta Dina Boluarte sobre discriminación no son válidos”, opina el doctor en Ciencias Políticas y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Eduardo Dargent.
