Así es como se esfumó el dinero de la FPF. La gestión de Agustín Lozano desembolsó alrededor de US$2 millones de la Federación Peruana de Fútbol para cubrir los viajes chárter, hoteles exclusivos, restaurantes e incluso los paseos turísticos en Doha de personas que no pertenecían al equipo deportivo, con motivo de los encuentros contra Nueva Zelanda y Australia.
Un sábado 28 de mayo de 2022 un equipo de 28 jugadores de la Selección Peruana de Fútbol partió en primera clase de un vuelo chárter hacia Barcelona, rumbo a un partido amistoso contra Nueva Zelanda. Tras varias derrotas deportivas, solo coincidían en lo último que podían: tenían fe. Varios asientos más atrás, para —quién sabe, tal vez— alimentar esa chispa esperanzadora, invitados (amigos, barberos, cevicheros) gozaban del privilegio de llegar a Barcelona en España y luego a Doha en Qatar, nada menos que en el mismísimo avión. Una suerte de aquellas.
El fiscal Juan Orihuela, a cargo de la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, tiene en la mira a quienes decidieron que un total de 142 personas, que no se pusieron los chimpunes en los partidos mencionados, viajen al otro lado del mundo con todos los gastos pagados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).
En el expediente de la detención preliminar y allanamiento, se describe con detalle cómo una presunta organización criminal que estaría liderada por Agustín Lozano, el detenido expresidente de la FPF, direccionó irregularmente los recursos de la entidad deportiva para beneficiarse junto a sus allegados.
La Federación es una organización sin fines de lucro, por lo cual ninguno de los directivos puede hacer uso irregular del dinero de la institución, como por ejemplo destinarlo a gastos que estén fuera del marco de sus funciones. De hecho otra irregularidad detectada por este diario en la formalización de la investigación preparatoria contra Agustín Lozano es por la reventa de entradas a los partidos entre 2016 y 2018. En el documento, la Fiscalía concluyó que Lozano se enriqueció injustificadamente durante los años 2011 y 2018 por un monto de 2’830,000 mil.
