El alcalde de Castilla, Walther Guerrero Silva, y otras 14 personas, entre regidores y exfuncionarios, están bajo la lupa de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura. Se les investiga por presuntas irregularidades en la prescripción de una deuda tributaria de S/983.861 del centro comercial Open Plaza.
Entre los implicados figuran Elvira Cienfuegos, responsable de la Oficina Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, y Cristóbal Ramos Sullón, exgerente de Administración Tributaria, junto con regidores de la mayoría del concejo municipal.
Se les acusa del presunto delito de colusión y, de manera alternativa, de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en agravio del Estado.
Según la investigación, Open Plaza solicitó en 2023 la prescripción de su deuda tributaria acumulada entre 2011 y 2016, la cual fue declarada prescrita por Cristóbal Ramos Sullón.
Desde la municipalidad, se admitió que esta prescripción fue posible debido a deficiencias en la fiscalización de 2017, lo que impidió una correcta determinación de la deuda.
La Fiscalía busca esclarecer si esta pérdida de ingresos municipales responde a un error de gestión o a un acto de corrupción que favoreció a intereses privados sobre el bienestar público.
