La bancada de Renovación Popular es la principal interesada en agendar el debate de la destitución de magistrados. Estos son los motivos y el porqué hacerlo sí quebrantaría el orden constitucional e independencia.

Desde mediados de diciembre, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, evidenció su interés particular por remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de la Judicatura. Su intención ha sido tan marcada que, al negarse el debate parlamentario, impulsó una moción de censura contra el titular de la institución, Alejandro Soto. Pese a las distintas advertencias sobre los peligros detrás de materializarse la salida de los magistrados, el almirante retirado no ha claudicado en su misión.

Uno de los últimos documentos remitidos al aún presidente del Poder Legislativo, solicitó convocar “a la brevedad posible” al Consejo Directivo del Congreso, con la finalidad de fijar la hora, fecha y reglas a ser aplicadas para el debate del Informe Final de la Denuncia Constitucional 373, aprobado en la sesión de la Comisión Permanente del pasado 26 de febrero.

 Con gran premura, su pedido obtuvo luz verde y fue incluida la denuncia que formuló el vocero celeste contra Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, integrantes de la JNJ, para acordar o no la inclusión de este informe en el próximo pleno, programado para el mismo día.La solicitud fue admitida, pese a que en Junta de Portavoces se propuso que el informe sea visto en el Pleno del jueves 7 de marzo, para dedicar el de este viernes a la admisión de la vacancia contra la presidenta Dina Boluarte y la interpelación al ministro de Justicia, Eduardo Arana.

De aprobarse la inclusión de este punto para la sesión del viernes 1 de marzo, la ratificación de la inhabilitación requiere el voto de dos tercios del total de parlamentarios (130), sin contar a los integrantes de la Comisión Permanente. Es decir, se requiere el voto mínimo de 66 legisladores.

¿Cuáles son los intereses detrás del pedido desesperado de RP?

Dado que la institución a la que se busca golpear es la encargada de ratificar la permanencia de los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el principal interés se encuentra en la salida de los actuales presidentes, quienes fueron cuestionados por un sector político por el resultado de las elecciones que dieron como ganador a Pedro Castillo.