Norma busca garantizar que inclusión de menores de edad imputables en el sistema penitenciario se realice bajo estándares de protección y especialización. El objetivo es garantizar un tratamiento diferenciado y especializado para los adolescentes privados de libertad, respetando el principio del interés superior del adolescente.
El Poder Ejecutivo oficializó este martes la modificación del Reglamento del Código de Ejecución Penal, a través del Decreto Supremo N°022-2025-JUS, para incorporar a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal peruano, en cumplimiento de la Ley N°32330.
La norma, refrendada por el presidente José Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, adecúa el reglamento penitenciario a las nuevas disposiciones legales que reformaron el Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes.
Como se recuerda, la Ley N°32330, publicada en septiembre de este año, generó amplio debate al modificar el Código Penal y permitir que adolescentes de 16 y 17 años sean procesados penalmente como adultos en determinados casos. La adecuación del reglamento penitenciario busca garantizar que esta inclusión se realice bajo estándares de protección y especialización.
Principales cambios
El decreto modifica 17 artículos del reglamento penitenciario, incluyendo disposiciones sobre derechos, clasificación, tratamiento, visitas, traslados y educación de los internos adolescentes. Asimismo, se incorpora el principio de “individualización científica” en el tratamiento penitenciario para jóvenes entre 16 y 21 años, con énfasis en su desarrollo psicológico y social.
La ley establece que los adolescentes podrán ser ubicados en cualquier etapa del régimen penitenciario, sin seguir necesariamente el sistema progresivo, aplicando el principio de flexibilización. Además, se exige la participación de psicólogos especializados en adolescentes en los órganos técnicos de tratamiento y clasificación.
Por último, se crea una nueva obligación de registro y reporte de internos adolescentes a entidades como el Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) deberá actualizar sus procedimientos internos en un plazo de 60 días y capacitar a sus psicólogos en el tratamiento de adolescentes, según las disposiciones complementarias finales del decreto.
