Sindicato indica que, a la fecha, más de 40,000 toneladas de anchoveta se han dejado de pescar y muchos pescadores se han quedado sin trabajo por una norma específica: la Ley 31622.
La pesca industrial es una de las actividades económicas más importantes en el Perú. El año pasado fue uno especialmente duro para el sector por el Fenómeno El Niño. Este 2024, la mala aplicación de una norma está frenando la recuperación de una industria que es fuente de trabajo y de alimento para miles de familias.
A la fecha, más de 40,000 toneladas de anchoveta se han dejado de pescar y muchos pescadores se han quedado sin trabajo por una norma específica: la Ley 31622, cuyo objetivo es combatir a los líderes, financistas y miembros de organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas relacionadas al tráfico ilegal de especies. En principio, suena como una ley positiva para luchar contra el crimen.
¿QUÉ TIENE QUE VER LA PESCA LEGAL?
Es común que, al momento de realizar la extracción de ejemplares en el océano, se supere el porcentaje legal permitido de especies protegidas. Existe un protocolo para estos casos, como el programa Salvamares de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Además, para mitigar estos hechos circunstanciales, existe también una prohibición, sanciones administrativas para la empresa, e incluso penales cuando el caso es muy grave.
"Una cosa es el hecho circunstancial de capturar alguna otra especie durante la pesca de anchoveta, y otra es el tráfico ilegal de vida silvestre marina. No existe punto de comparación entre la pesca y las actividades ilegales a las que inicialmente fue dirigida esta norma", señaló César Córdova, abogado asesor del sindicato de pescadores José Olaya Balandra.
Según señalan, el problema que presenta la norma en cuestión es que, en el sector pesquero, basta que se cometa una infracción administrativa para que constituya un delito ambiental. Es decir, bajo esta ley, un pescador puede cometer una infracción administrativa durante sus labores, y automáticamente estaría incurriendo también en el delito de extracción o tráfico ilegal de especies acuáticas.
"Debemos entender que la mencionada ley fue pensada para combatir con mayores herramientas a las organizaciones criminales relacionadas al tráfico ilegal de especies, no a quienes se dedican legalmente a la extracción de recursos hidrobiológicos en nuestro país como es la pesca industrial. Es urgente que el Estado conozca el real escenario que sufren los pescadores, dejando de calificarlos como criminales, cuando solo quieren trabajar honestamente", puntualizó el abogado.
