Reforma de transporte urbano en Lima al agua tras acumulación de deuda por S/ 300 millones.
Unos 522 buses antiguos de siete empresas de transporte público convencional volverán hoy a transitar por las cuatro rutas del Corredor Morado, entre San Juan de Lurigancho y Magdalena del Mar, luego de que el Gobierno se negara a pagar una deuda acumulada de S/300 millones con la empresa concesionaria.
Así lo dio a conocer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tras detallar que estos vehículos circularán entre 5:00 a.m. y 10:30 p.m.
De acuerdo al comunicado, la ruta 404 del Corredor Morado será cubierta por buses de las empresas Próceres (ruta 5303), Consorcio Roma (rutas IO37B y OM 42) y Transporte Huáscar S. A. (ruta IM26); la ruta 405, por vehículos de la empresa Luis Banchero Rossi (ruta 8403); la ruta 406, por buses de las empresas Consorcio Roma (rutas IO37B y OM 42), Próceres (ruta 5303), Transporte Huáscar S. A. (ruta IM26) y Patrón San Sebastián S. A. C. (ruta IO66); y la ruta 412, por unidades de la empresa Virgen de Fátima S. A. (ruta 2305) y de la Empresa Transporte y Servicio Salvador S. A. C. (ruta 8214).
RETROCESO
El plan de contingencia temporal anunciado por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao significa un grave retroceso en la reforma del transporte formal, indicó Alfonso Flórez, Gerente general de la Fundación Transitemos, y Luis Quispe Candia, Presidente de la ONG Luz Ámbar.
“Es un retroceso. Cada vez involucionamos en transporte. Vamos de buses de alta capacidad a coaster, microbuses, minibuses, mototaxis y colectivos. Cada vez, más que macrotransportarnos, nos microtransportamos, además de la ineficiencia en el consumo de combustible, contaminación del aire e inseguridad vial”, explicó Flórez.
El problema está en que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se resiste a modificar un artículo del contrato de concesión que indica que el Corredor Complementario es autosostenible, pues ello es imposible frente a la competencia desleal que la ATU no ha erradicado.
Advirtió que los representantes del Corredor Morado pueden acudir al Arbitraje Internacional para cobrarse los perjuicios económicos por parte del Gobierno. La penalidad, alertó, superará los S/300 millones que ahora adeuda.
