El experto en derecho constitucional advirtió que el Tribunal Constitucional (TC) ya estableció un criterio unánime en contra de mantener un régimen que otorga "inmunidad penal" a la minería ilegal. "Aprobar el Reinfo responde a un criterio electorero. Es un engañamuchachos", dijo Amprimo.
El abogado constitucionalista Natale Amprimo cuestionó el dictamen que amplia el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), y calificó la medida como "abiertamente inconstitucional". Además, señaló que esta iniciativa legislativa ignora deliberadamente los mandatos del Tribunal Constitucional (TC).
Amprimo explicó que no se debería centrar en si la prórroga es por uno o dos años, sino en el fondo del asunto, ya que el TC emitió una sentencia en abril de este año donde los siete magistrados coincidieron en que el proceso de formalización no puede convertirse en un mecanismo de impunidad.
"El proceso de prohibición minera, conforme se encuentra regulado, y cualquier otra política que lo reemplace, no debe contemplar un régimen de inmunidad en materia penal que prohíba la persecución del delito de minería ilegal. Lo contrario significa dejar en estado de desprotección al bien constitucional, al medio ambiente y otros conexos. Y eso es justamente lo que hace esta prórroga. O sea, no es un tema de dos años, un año, seis meses. No. Esto es abiertamente inconstitucional y para mí responde simplemente a intereses electoreros", dijo.
Contradicción con el Tribunal Constitucional
Amprimo recordó que, si bien el fallo del TC tuvo votos singulares sobre aspectos procesales, hubo unanimidad en el criterio de fondo.
"Los siete magistrados establecieron que no era posible que en el proceso de formalización minera se contemple una suerte de inmunidad penal para quienes se dedican a esta actividad y que no garanticen estándares de responsabilidad social y medioambiental", aseveró.
El jurista advirtió que el Congreso estaría legislando en contra de esta exhortación al intentar mantener un "estatus quo" que permite la explotación minera sin respetar obligaciones ambientales bajo el amparo de una inscripción en el registro.
Asimismo, criticó específicamente a bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Perú Libre, entre otras, por parecer no importarles el Estado de Derecho al promover una medida que el propio TC ha proscrito.
