Un reportaje denunció las conexiones políticas de mineros informales en la provincia liberteña.
Una investigación periodística dio cuenta de los vínculos entre la minería informal en la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, y diversos partidos políticos tanto regionales como nacionales.
De acuerdo con el programa Cuarto Poder, de los 1 174 mineros informales con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente en Pataz, 168 figuran como afiliados a partidos políticos.
Según el reportaje, el partido que concentra la mayor cantidad de afiliados provenientes del sector minero informal es Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por el actual gobernador regional de La Libertad, César Acuña, con un 26.7 %. Le siguen Un Camino Diferente (12.5 %), Bicentenario La Libertad (11.3 %), Somos Perú (8.9 %), Podemos Perú (7.7 %), mientras que el 32.9 % restante se distribuye entre otros partidos políticos.
Uno de los casos más representativos es el de Octavio Raúl Rabanal Bautista, quien fue asesor del Gobierno Regional de La Libertad durante la gestión de Luis Valdez Frías (APP) entre 2015 y 2018. “Era como su sombra”, se menciona en el reportaje televisivo.
“Conductas deplorables”
Mientras aún ocupaba ese cargo, el 5 de noviembre de 2018, Rabanal solicitó una concesión minera de 500 hectáreas en la zona de Tayabamba, en la provincia de Pataz. El trámite, siempre según la investigación, terminó en manos del entonces gerente regional de Energía, Minas e Hidrocarburos, Ricardo Roger Sandoval Pozo, hermano del actual ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, también militante de APP.
El 6 de marzo de 2019, se emitió la resolución que otorgó la concesión. “Se resuelve otorgar el título de la concesión minera metálica Florcita de Urpay II a favor de Octavio Raúl Rabanal Bautista”, se lee en la resolución gerencial regional.
Consultado sobre el caso, el abogado Helmut Olivera, director de la Clínica de Litigio Ambiental Científica (CLAC) de la Universidad Científica del Sur, señaló: “Habría un favorecimiento, y justamente la finalidad de las normas sancionatorias es proteger al Estado frente a este tipo de conductas, que son totalmente deplorables”.
“No recuerdo, tendría que ver la fecha”, respondió. “¿No cree que eso era un conflicto de intereses?”, le replica el periodista. “Siguió su proceso regular”, aseguró.
Por su parte, Luis Valdez, actual secretario general de Alianza para el Progreso, evadió responsabilidades. “No conozco. Tendrán que investigarlo a él. Yo respondo por mis dichos, mis actos y mi trabajo”, añadió.
