El programa Punto Final reveló que el material nunca fue difundido por considerarse "muy burdo". El objetivo: contrarrestar la ola de críticas tras sus controvertidas declaraciones sobre la comunidad Awajún. Sin embargo, el video nunca fue publicado.
Un reportaje del programa dominical Punto Final denunció que el Ministerio de Educación (Minedu), a través del Instituto Peruano del Deporte (IPD), habría destinado 55 mil soles a la producción de un video institucional que buscaba mejorar la imagen del ministro Morgan Quero.
La controversia se originó en 2024, cuando Quero declaró que los casos de violación a menores en la comunidad Awajún, ubicada en la provincia de Condorcanqui, “podrían estar relacionados con prácticas culturales”.
Esta afirmación fue ampliamente rechazada por diversos sectores, lo que llevó al ministro a pedir disculpas públicas. A raíz de ello, se impulsó la grabación de un video que mostrara su presencia y acciones en la zona.
Según Punto Final, el video fue grabado durante una semana en el distrito de Río Santiago. El contenido incluía actividades deportivas promovidas por el Minedu con apoyo del IPD.
No obstante, fuentes del programa indicaron que el material audiovisual fue finalmente descartado debido a que era “muy obvia y burda” la intención de respaldar mediáticamente al titular del sector Educación.
La entidad encargada, el IPD, respondió por escrito a la consulta del programa, asegurando que la finalidad del video era “fortalecer y promocionar las prácticas deportivas y autóctonas de las comunidades campesinas y nativas mediante la actividad física y la recreación, respetando sus expresiones culturales”.
Pese a ello, no ofreció declaraciones a cámara, y su presidente, Federico Tong, evitó pronunciarse directamente sobre la denuncia.
El reportaje también detalló que los S/55 mil utilizados no estaban contemplados en el plan anual del IPD. El dinero se destinó a cubrir gastos logísticos como transporte por aire, tierra y río, alimentación, viáticos y adquisición de materiales deportivos. Este desvío de recursos ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y prioridades institucionales.
