NORMA FUE PUBLICADA AYER EN EL PERUANO. Los delincuentes celebran. El gobierno de Dina Boluarte publicó ayer la norma que modifica el Código Penal y elimina la posibilidad de capturar a investigados durante operativos contra organizaciones criminales y operadores políticos. Los fiscales que filtren información podrán ser destituidos.
El Ejecutivo y el Congreso han jugado nuevamente en pared y en favor de la delincuencia. Esta vez, el gobierno de Dina Boluarte promulgó sin observar las leyes aprobadas en el Parlamento que, entre otras cosas, impiden capturar preliminarmente a investigados si no son atrapados en flagrancia. Es decir, solo podrán ser detenidos si son sorprendidos con las manos en la masa.
Boluarte pide ahora pena de muerte para los violadores de menores de edad, pero con esta norma no se puede detener a un violador si este no es capturado en flagrancia. Terrible y monumental incongruencia.
La Ley N°32181, publicada ayer en el diario El Peruano, parecía ser una norma necesaria y oportuna, ya que lleva de título “Brindar mayor protección al personal de la Policía” durante su lucha contra el hampa común. La directriz estipula que un efectivo policial no podrá ser detenido si, en ejercicio de su función constitucional, usó su arma y provocó la muerte o lesión de un ciudadano implicado en un acto delictivo.
Sin embargo, al final del texto, en la disposición complementaria se deroga el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, que habilitaba a un juez ordenar la detención preliminar de cualquier persona así no exista flagrancia y solo considerando las evidencias de una posible fuga.
Esta derogación no solo perjudica la labor de la Fiscalía que persigue el delito, también la de la Policía Nacional que investiga a delincuentes de alto calibre.
En consecuencia, solo se podrán ejecutar allanamientos para incautar pruebas. Pero incluso este tipo de diligencias fueron socavadas por el Legislativo, en septiembre pasado, al cambiar la Ley de Crimen Organizado y exigir la presencia del abogado de los investigados para recién proceder con el operativo.
