El Ministerio de Salud (Minsa) indicó que gestionará ante las instancias correspondientes que los montos que eventualmente se obtengan por concepto de indemnizaciones sean destinados exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS).
El Ministerio de Salud (Minsa) expresó su “rechazo absoluto” a las prácticas realizadas por 13 empresas farmacéuticas y distribuidoras que, entre 2006 y 2020, se coludieron en procesos de compra pública de medicamentos, afectando “el abastecimiento de tratamientos oncológicos, antibióticos, suplemento contra la anemia”, entro otros productos.
Estas acciones fueron sancionadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) con una multa que asciende a 100,852.72 UIT, equivalente a más de S/ 539 millones.
A través de un comunicado, el Minsa indicó que ya había iniciado acciones penales antes del fallo al recordar que el 25 de julio del 2024 la Procuraduría Pública del sector presentó una denuncia penal por estos hechos.
“Hoy, con la resolución firme del Indecopi como nueva prueba irrefutable, solicitaremos al Ministerio Público que reevalúe el caso y profundice las investigaciones contra todos los responsables, sean privados o públicos”, mencionó.
Asimismo, la institución informó que iniciará acciones civiles para exigir una indemnización por los daños y perjuicios causados al Estado. La reparación económica buscada sería equivalente o superior a la multa administrativa de S/ 539 millones impuesta por Indecopi.
Además, solicitará al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) que “evalúe iniciar procesos sancionadores” contra las empresas involucradas, conforme a la normativa vigente.
La cartera de Salud detalló que gestionará ante las instancias correspondientes que los montos que eventualmente se obtengan por concepto de indemnizaciones “sean destinados exclusivamente a fortalecer el Seguro Integral de Salud (SIS)”, con el fin de resarcir los perjuicios ocasionados a los pacientes.
El Ministerio de Salud, finalmente, reafirmó su política de “tolerancia cero” ante la corrupción y afirmó que su prioridad es garantizar que los recursos públicos sean “destinados a proteger la vida y salud de la población”.
