A través de un comunicado, la institución precisó que "el Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal".
Mientras en el Congreso de la República siguen sin tomar una decisión sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) se pronunció sobre la posibilidad de que finalmente se apruebe la ampliación de este mecanismo que algunos legisladores han planteado extender hasta diciembre de 2027 e, incluso, de manera indefinida.
"La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas expresa su profunda preocupación ante el debate en la Comisión de Energía y Minas del Congreso sobre el dictamen que propone ampliar por dos años la vigencia del Reinfo y sobre todo, reincorporar a miles de mineros informales previamente excluidos", señaló la institución a través de un comunicado.
Agregó que las prórrogas sucesivas del Reinfo no han contribuido en modo alguno a una "verdadera formalización" y advirtió que extender nuevamente esta medida conllevaría un "alto riesgo para la ciudadanía, la actividad empresarial y la seguridad del país".
"Se incrementaría la violencia asociada a organizaciones criminales involucradas en minería ilegal como la trata de personas, el lavado de activos y la deforestación masiva", indicó, y advirtió que esta situación "expone a miles de trabajadores a condiciones laborales precarias, sin acceso a derechos fundamentales como la seguridad social y protección frente a riesgos laborales y estándares profundizando su vulnerabilidad y limitando sus oportunidades de progreso".
"Las prórrogas sucesivas del Reinfo no han contribuido a una verdadera formalización. Por el contrario, han sido utilizadas por operadores vinculados a la minería ilegal como un instrumento para continuar actividades que generan graves impactos sociales, ambientales y económicos", indica la Confiep.
De otro lado, señaló que la propuesta de una nueva prórroga del Reinfo "contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN)".
"El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones y restricciones comerciales que afectarían gravemente la canasta exportadora de la industria y de las mypes", acotó, y reiteró su pedido de que se implemente una "verdadera formalización minera" basada en "reglas claras, plazos definitivos, trazabilidad, supervisión efectiva y articulación entre el Estado, las comunidades y el sector privado".
"Instamos al Congreso de la República a actuar con responsabilidad, priorizando el interés nacional, el respeto al marco legal y la protección de los ciudadanos. El Perú no puede retroceder en la lucha contra la minería ilegal. Es momento de fortalecer la institucionalidad y asegurar que el crecimiento económico avance de la mano con la legalidad, la seguridad y la preservación del medio ambiente", concluye el documento.
