Premier Alberto Otárola anunció la designación de quien fuera Ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Alejandro Toledo.
Al igual que el ex Presidente, el funcionario mantiene una investigación ante la justicia peruana y distintas propiedades embargadas.
Si bien el premier Alberto Otárola ya había confirmado su designación como embajador de Perú en Estados Unidos, no fue hasta este martes 6 de febrero que Alfredo Ferrero Diez-Canseco utilizó sus redes sociales para agradecer al Ejecutivo. La decisión no solo trajo felicitaciones, sino recuerdos de sus cuestionamientos e investigación en su contra vinculada a Odebrecht.
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el flamante funcionario habría cometido el delito de colusión agravada, al participar del favorecimiento del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte a la compañía brasileña.
El delito se centra en que la adjudicación de dos tramos de la carretera IIRSA Norte por parte de Proinversión se dio cuando Odebrecht estaba impedida de contratar con el Estado por tener procesos legales pendientes, según la Contraloría. No obstante, el entonces Consejo Directivo resolvió dar la buena pro.
Además de Ferrero, también son investigados los demás integrantes del grupo de trabajo. Entre ellos, se encuentra el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynski (en aquel entonces ocupaba el puesto de ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero (Jefe del gabinete), Clodomiro Sánchez (Energía y Minas), David Lemor (Producción) y José Ortíz (Transportes y Comunicaciones).
Por esta razón, el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios determinó el “embargo en forma de inscripción” ascendente a S/ 27′748.514,66, además de la orden de inhibición sobre “los derechos y acciones que le corresponden al investigado”, en relación con los bienes inmuebles que son propios.
El penalista James Rodríguez explicó que la medida se da con el fin de que si el propietario decide vender sus propiedades, “el comprador sea consciente de que está obligado a pagar el monto establecido por el juzgado”.
“La finalidad que tiene es asegurar el pago de la reparación civil en caso de encontrarse responsabilidad en el procesado. Como ya está embargada la propiedad, la rematan para cobrar la reparación”, agregó.
Entre las propiedades embargadas en esta modalidad figura un departamento ubicado en el parque Federico Blume, en Miraflores, un sub lote situado en el Valle Lurín, junto con una parcela en Pachacámac, un sub lote frente a la calle El Manantial, en La Molina y un inmueble en la calle Baltazar, en San Isidro.
