Poder Judicial autoriza que expresidente sea procesado por atentar contra la libertad y democracia al quebrar el orden constitucional el 7 de diciembre de 2022. El juicio comprende a exministros Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez, Aníbal Torres y mandos policiales.
Pasó casi dos años presentando innumerables recursos para revocar su encierro. El Poder Judicial desestimó todos. Recluido en la cárcel de manera preventiva por quebrar el orden constitucional y atentar contra la libertad y la democracia en diciembre de 2022, a Pedro Castillo Terrones parece haberle llegado la hora de pagar ante la justicia su fallido golpe de Estado, que significó el fin de su gobierno y que lo llevó a ser vacado, detenido y apresado.
La Corte Suprema ha autorizado el inicio del juicio oral contra el expresidente por el golpe de Estado. El juez Juan Carlos Checkley dispuso que todo lo actuado sea remitido a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que debe programar en los próximos días la fecha del inicio de este juicio contra el exmandatario. En octubre pasado Checkley dio por concluido el control de acusación contra Castillo y otros siete implicados.
En la resolución están comprendidos Betssy Chávez, quien era la premier del régimen al momento del golpe —hoy con prisión preventiva como su exjefe—; así como los exministros Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo; y Willy Huerta, del Interior; y quien era el principal asesor de Castillo en la última parte de su gestión, Aníbal Torres.
También afrontarán juicio oral el exjefe de la Región Policial Lima Manuel Lozada y los oficiales de la Policía Justo Venero y Eder Infanzón. El primero señalado de ordenar que nadie entre ni salga del Congreso a estos dos agentes, quienes resguardaban el Legislativo en el momento que Castillo leía su mensaje golpista y anunciaba la disolución del Parlamento.
