Demora tras demora. De todas las normas promulgadas durante el actual quinquenio que no tienen reglamento, hay leyes referentes a educación, salud, seguridad, economía, trabajo, justicia y más. Algunas esperan desde 2021.
Desde 2021 hasta la fecha, un total de 72 leyes de distinta índole, aprobadas por el Congreso de la República y publicadas en el diario oficial El Peruano, no han podido ser aplicadas en los sectores que pretendían reformar por una sencilla razón: el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte no ha elaborado los reglamentos respectivos.
¿Desidia, falta de voluntad política, escasez de pericia sectorial de los ministerios respectivos o veto a las normas promovidas por el Parlamento? Lo cierto es que estas normas permanecen en un prolongado letargo burocrático. Además, según se constató, en la gran mayoría ya venció el plazo estipulado para su reglamentación.
Para los docentes: está la Ley 31495, que reconoce el derecho y dispone el pago de la bonificación especial por preparación de clases y evaluación, bonificación adicional por desempeño del cargo y por preparación de documentos de gestión, sin la exigencia de una sentencia judicial. La norma fue dictaminada por la Comisión de Presupuesto y por la Comisión de Educación del Congreso. Fue publicada el 16 de junio de 2022 y dos meses después venció el plazo para emitir su reglamento.
En cuanto al sector trabajo, está la Ley 31533, que promueve el empleo de jóvenes técnicos y profesionales en el sector público. En salud se observa la Ley 31633, que implementa y desarrolla los bancos de leche humana. En el caso de la primera, se venció el plazo para su reglamentación en la quincena de septiembre de 2022, mientras que en la segunda se venció a inicios de marzo de 2023.
En referencia a las leyes pendientes de reglamentar aprobadas el año pasado, se encuentra la Ley 31720, que crea el canon hídrico como medida de compensación para las poblaciones afectadas por trasvase de aguas. También está la Ley 31742, que promueve el fortalecimiento, transparencia y meritocracia del servicio civil a través de la implementación de la Plataforma Integrada para la Gestión Electrónica de Recursos Humanos.
También se hallan la Ley 31756, que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos, y la Ley 32139, que establece un porcentaje del presupuesto institucional de los Gobiernos regionales y locales para actividades en favor de personas con discapacidad. Además, se encuentran la Ley 32065, que establece medidas para asegurar el acceso universal al agua potable, y la Ley 31979, que promueve el empleo temporal en los programas laborales del Estado en favor de los jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Todas estas normas han sido promulgadas, pero ninguna tiene reglamento. Cuarenta de las leyes pendientes de reglamentación fueron promulgadas durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.
