El Poder Judicial rechazó el pedido de la suspendida fiscal suprema Patricia Benavides, para que ordene al Ministerio Público que precise las razones por las cuales solicita la entrega voluntaria de su celular en la investigación que se le sigue por presunta organización criminal.
La suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides deberá entregar, de forma voluntaria, su celular o los teléfonos de su uso personal ante el despacho de la fiscal Suprema Delia Espinoza, como parte de la investigación preliminar que se le sigue por presunta organización criminal.
Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró infundada una tutela de derechos que presentó la doctora Patricia Benavides para que se ordenara al Ministerio Público precisar las razones por las cuales solicita la entrega voluntaria de estos equipos.
La defensa legal de la suspendida magistrada demandó que se precise (1) el tipo de información que se busca extraer (registro de llamadas telefónicas, mensajes de texto, contenido de aplicativos como WhatsApp, chats, llamadas vía aplicativo, archivos de imagen, audio y video, etcétera); (2) las fechas de las comunicaciones que se busca extraer; y, (3) las comunicaciones puntuales entre la investigada con personas identificadas.
Los abogados de Patricia Benavides consideran necesarias estas precisiones a fin de evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de su patrocinada y que no se continúe con la violación del debido proceso y del derecho de defensa.
