La mandataria Dina Boluarte es señalada en la denuncia constitucional como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública y cohecho pasivo impropio.
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, ha presentado una denuncia constitucional ante el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. Según el documento, la mandataria es señalada como presunta autora de la comisión de delito contra la administración pública, delitos cometidos por funcionarios públicos, en la modalidad de cohecho pasivo impropio.
Este documento se encuentra en el área de trámite documentario del Congreso para luego pasar a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde los parlamentarios tendrán que iniciar el proceso respectivo.
La Fiscalía manifiesta en su denuncia constitucional que la presidenta Dina Boluarte habría actuado "dolosamente" al recibir como "donaciones" los Rolex y joyas de Wilfredo Oscorima, a cambio de Decretos y leyes otorgando presupuesto para la Región Ayacucho.
Como se recuerda, se reveló el pasado 14 de marzo que Dina Boluarte, ya como presidenta de la República, usaba relojes de marca Rolex, valorizados entre 6 000 a 14 000 dólares, en actividades públicas. Al ser abordada por los medios de comunicación, la mandataria calificó de “tendencioso” al reporte periodístico, pero confirmó que utilizaba esos artículos, el cual dijo que fue comprado con “el fruto de su esfuerzo”.
“Lo que quiero decirles, es no! a la noticia tendenciosa, digo al Perú entero: ‘Trabajo desde mis 18 años y lo que tengo es fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo’. El artículo en particular es de antaño y lo uso muy eventualmente”, respondió a los periodistas.
Reconoció que relojes no eran suyos
La Fiscalía le abrió una investigación que incluyó luego un allanamiento a su vivienda y en Palacio de Gobierno. Tras ello, la presidenta finalmente reconoció que los relojes no eran suyos sino un "préstamo" que le dio Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.
¿De qué se le acusa a Dina Boluarte?
La ley penal señala que el cohecho pasivo impropio se atribuye al funcionario que acepta, recibe o solicita, directa o indirectamente, donativos o beneficios indebidos para realizar un acto propio de su cargo, sin incumplir con su obligación.