Luego de que Juan José Santiváñez fuera censurado por el Congreso, se conversó con tres especialistas para analizar qué acciones debe poner en práctica el nuevo titular del Ministerio del Interior, para hacerle frente a la inseguridad ciudadana que azota al país.
El Pleno del Congreso censuró este viernes, al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, por su responsabilidad política e “incapacidad” para hacerle frente a la ola de criminalidad que viene afectando a gran parte de la población.
Conversamos con Luis Herrera Romero, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y analista político; Noam López Villanes, politólogo con experiencia en fenómenos criminales; y Marcos Galván Ramos, abogado graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), para conocer qué le depara al país en materia de inseguridad ciudadana y qué acciones debe implementar el nuevo titular del Mininter para hacer frente a este flagelo.
Prevención Comunitaria
El abogado Marcos Galván señaló que una forma de frenar el incremento de la criminalidad es que el Estado invierta en acciones de “prevención comunitaria”. De acuerdo con el letrado, las comisarías cuentan con poco presupuesto para realizar este tipo de labores; sin embargo, se les debe brindar más herramientas, ya que tienen más contacto con la ciudadanía”.
“La inversión pública el año pasado, solo en prevención a nivel de comisarías, era menor a 650 000 soles, entre las 1 328 que son básicas, les toca casi -más o menos o menos- de 500 soles a cada una para hacer prevención. Los policías comunitarios, que son bastante jóvenes, son los de menor cantidad en una comisaría y los que, en realidad, se acercan a la comunidad, tienen proximidad, generan lazos, cohesión social con la comunidad y un tipo de inteligencia básica necesaria para que la Policía, en otros niveles, haga una mejor labor”, expresó.
Asimismo, destacó que es importante invertir en herramientas de prevención, debido a que “la comunidad” sirve de “contención” para que los jóvenes desistan de perseguir “una trayectoria criminal”. Los adolescentes y jóvenes ingresan a la trayectoria criminal por distintos factores y la comunidad muchas veces puede servir de contención, "a través de la educación, el deporte y la presencia de instituciones a nivel local, que garanticen e identifiquen, en primer lugar, el uso de la violencia.
Luis Herrera, por el contrario, opinó que “la política de la policía comunitaria de la seguridad vecinal ha fracasado”. Para el exjefe del gabinete de asesores del Mininter, “la ciudadanía ya no tiene confianza en el sistema” policial y judicial, lo que haría que este plan falle.
“La tasa de no denuncias está en el 85%. Eso quiere decir que los ciudadanos no confían y no ponen las denuncias. Entonces, si hemos tenido 950 000 denuncias el año pasado, quiere decir que -en la práctica- hemos tenido 2 millones y medio de hechos delictivos que afectan a 2.5 personas. O sea, casi 14 millones de peruanos han sufrido un hecho delictivo el año pasado, es decir, el 48 % de la población. Ese nivel de desconfianza hace que no se pueda capturar delincuentes porque la esencia de la captura de delincuentes es la información. Los vecinos, la gente que conoce, no quiere informar porque no confía ni en la Policía ni en los actores de justicia”, manifestó.
Delincuentes que operan desde las cárceles
Herrera Romero también se refirió a los criminales que siguen delinquiendo a pesar que se encuentran encarcelados. Al respecto, el analista político responsabilizó de ello a las entidades que están a cargo de los centros penitenciarios: el INPE y el Ministerio de Justicia. “Que se filtre información de ahí es responsabilidad de un sector”, expresó.
Asimismo, Herrera comentó que desde el 2012, año en el que desempeñó funciones en el Ministerio de Defensa (Mindef), se venía gestionando la posibilidad de colocar “bloqueadores de celulares” en los penales Miguel Castro Castro y Lurigancho; sin embargo, han pasado 13 años y aún no se ha concretado.
El politólogo Noam López indicó que la “regulación actual no permite que los agentes de inteligencia” de la PNP “puedan interceptar la mensajería instantánea”; sin embargo, considera que la “gestión” política, con “voluntad y metas claras”, “debería dar resultados mucho más concretos”.
“Toda la mensajería instantánea que existe hoy en día, en donde en realidad por ahí es donde se hacen las llamadas extorsivas, los mensajes extorsivos, son aquellos que tienen un respaldo en cuentas como iCloud y demás, y que pueden ser consultados previa autorización judicial y que le sirven a la gente de inteligencia para que la pesquisa pueda hacer medidas especiales, como agente encubierto, y detectar con mayor prontitud a quienes están extorsionando”, manifestó.
En esa misma línea, López indicó que, para afrontar este problema, se requiere el trabajo en conjunto de “policías, fiscales y jueces formados en crimen organizado”, ya que estos profesionales “entienden mejor la evidencia”. “No puedan estar imputando por personas, sino como grupo. Eso es lo que necesitamos”, acotó.
El abogado Marcos Galván cree que los intentos de colocar bloqueadores fracasaron debido a “la mala negociación de los contratos, el requerimiento de las tecnologías y la elección de los proveedores”.
“Se supone que, en la contratación y en el requerimiento de la tecnología, el saber los detalles de un término de referencia, las exigencias y la distribución de las funciones del proveedor que se va a encargar de los paneles de control para poder identificar cuáles van a ser los alcances y características son claves. Creo que allí hubo un desconocimiento del Estado al punto que se ha trabado”, indicó.
Asimismo, Galván manifestó que una forma de frenar a los delincuentes que operan desde los centros penitenciarios es prohibiendo el ingreso de objetos y la circulación de dinero dentro de estos establecimientos.
“Las cárceles hacinadas contribuyen a la inseguridad ciudadana”
Luis Herrera señaló que, en el ámbito penitenciario, el Perú tiene infraestructura para 45 000 internos; no obstante, ya hay 100 000, lo que ha provocado que haya un gran hacinamiento en las cárceles actualmente.
“Tenemos que cubrir una brecha de 55 000 y hacer una brecha para -por lo menos- 350 000 más. Además, se dijo hace ya dos años que se iban a construir penales y no tenemos ni siquiera la carátula del expediente técnico. Eso es ineficiencia y responsabilidad de quien conduce la política pública”, remarcó.
Por su parte, Marcos Galván indicó que el hacinamiento en los centros penitenciarios contribuye a que la criminalidad en el Perú aumente.
“Las cárceles hacinadas contribuyen a la inseguridad ciudadana porque imposibilita la gestión, la administración, la seguridad penitenciaria, la posibilidad de vigilar, ejercer prácticas de inteligencia y la posibilidad de identificar las clandestinidades que se advierten dentro de penales”, concluyó.
