Además de posible prisión, millonario castigo económico espera a Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros acusados por golpe de Estado.
El juicio contra Pedro Castillo por el golpe de Estado se acerca al final. Las partes sustentan ya sus alegatos de clausura antes de que la sala dicte sentencia contra quienes participaron en el quiebre constitucional de diciembre de 2022.
En la audiencia de este martes, la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó que Castillo, su ex premier hoy asilada Betssy Chávez; su ex primer ministro Aníbal Torres y los otros cuatro acusados en este juicio por el delito de rebelión paguen una reparación civil de 64’419,038.53 soles por el daño extrapatrimonial ocasionado al Estado peruano y a su orden constitucional.
Además de este monto también pidió una reparación adicional de un millón de soles para el golpista por los delitos conexos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público.
En su alegato, el representante de la Procuraduría, Mario Camacho Lazarte, sostuvo que el intento de disolución del Congreso afectó gravemente la democracia, la confianza ciudadana y la imagen internacional del país.
“El daño no tiene factura, pero sí consecuencias profundas; la reparación que pedimos no es venganza, es restitución”, señaló Camacho en su intervención.
El organismo presentó pruebas documentales, testimoniales y periciales que acreditan la planificación del quiebre democrático y solicitó anular una transferencia de bienes de Betssy Chávez, presuntamente realizada para evadir el pago civil.
La PGE relató que este caso sienta un precedente histórico, que es el hecho de que ningún alto funcionario debe estar por encima de la Constitución.
La defensa de Aníbal Torres también sustentó su alegato de clausura, rechazando las acusaciones fiscales y negando que su patrocinado se haya alzado en armas. La audiencia continuará este jueves.
