Juan Carlos Portugal, defensa legal de la presidenta, manifestó que no se puede investigar a alguien por la decisión que tome respecto a un proyecto de ley. Portugal manifestó que la propuesta del fiscal Astocóndor podría no solo involucrar a congresistas sino a todo aquel que haya intervenido en proyectos de ley.
Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, rechazó este martes que la Primera Fiscalía Lavado de Activos plantee denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por ser el supuesto “brazo legal” de la presunta “organización criminal Perú Libre”.
Portugal aseveró que hay serias deficiencias en el informe presentado por parte del fiscal provincial Ángel Astocondor en el cual pretende acusar a su clienta por abrir una cuenta mancomunada.
"El fiscal Astocondor ha cometido un grosero error que hoy se lo hemos comunicado al Fiscal de la Nación. A mi clienta la incorporan el 19 de enero del 2023 a través de la disposición 1 de lavado de activos y se le imputa otra cosa. Se le imputa haber abierto una cuenta mancomunada para recibir fondos del partido que no superaron los 15 mil soles y el aporte máximo fue entre 200 y 300 soles".
La defensa de la mandataria enfatizó la inviolabilidad del razonamiento y voto de los legisladores y del presidente de la República basado en el artículo 93: "Le hemos pedido al Fiscal de la Nación el uso de la palabra, si es que acaso asume como válida la posición contraria a estudios mínimos de derecho penal y constitucional, nos escuche. Porque eso podría generar en el fiscal provincial una destitución de la JNJ y si es que el Fiscal de la Nación adopta esa posición podría ser inhabilitado por el Congreso porque estaría desconociendo la propia cláusula del artículo 93", expresó.
Denuncia constitucional
Un informe de la Primera Fiscalía Lavado de Activos plantea denunciar constitucionalmente a la presidenta Dina Boluarte y al segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, por ser el “brazo legal” de la presunta “organización criminal Perú Libre”.
Según un reportaje de Cuarto Poder, el documento de 200 páginas, que llegó al despacho del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, señala que este supuesto entramado delictivo habría ejercido influencia en el Parlamento y el Ejecutivo para la promulgación de leyes que beneficien a Perú Libre y obstaculicen investigaciones en su contra. En el caso de Boluarte, se le incluye por su cargo como extesorera del partido.
