La seguridad de una sociedad se ve amenazada cuando sus integrantes no alcanzan la satisfacción de necesidades materiales y espirituales tales como el derecho a la vida, salud, conocimiento y cultura, trabajo, libertad y protección de la integridad física y moral.
Cuando tales necesidades no son satisfechas, produce inestabilidad social acompañada de manifestaciones violentas, entre ellas la delincuencia.
La delincuencia viene a ser el resultado de la conformación injusta e inequitativa de una sociedad. Las respuestas violentas a la violencia social no siempre producen resultados eficaces.
Una dosificada y particularizada dosis de represión a los delincuentes, acompañada de medidas que supriman, o al menos aminoren las causas de estos malestares, es un remedio mejor.
Diferenciemos la delincuencia menor de la delincuencia organizada. ¿Es posible acabarla con solo sacar más gente armada a la calle, unos medianamente preparados (Policía Nacional) y otros que no lo están casi para nada (Serenazgo)?
Los hechos cotidianos demuestran que no. Se necesita para ello investigación policial técnicamente realizada y, sobre todo, voluntad política para hacerlo.
Las bandas criminales son cada día más poderosas, mejor armadas e informadas y se vuelven terriblemente agresivas. La impunidad en que se mueven está garantizada por la corrupción judicial y por sus conexiones con el poder.
Se trasladan de una ciudad a otra según se mueva la ola represiva, y por ello ninguna estrategia puramente local dará los resultados esperados.
Una estrategia correcta debe combinar los factores señalados y otros que tienen que ver con las coordinaciones entre la Policía Nacional, el Gobierno Regional y los municipios.
Y además tendría que contar con amplio consenso ciudadano, en un ejercicio democrático sin el cual el esfuerzo fracasará.
