El fiscal Germán Juárez corroboró que el exmandatario recibió sobornos de S/ 1 millón por Lomas de Ilo, y S/1,3 millones por el Hospital de Moquegua.
Haciendo un alto a sus numerosos viajes a provincias en el marco de una irregular “campaña” con miras a las elecciones generales de 2026 —pese a estar inhabilitado para ejercer cargo público por un periodo de 10 años—, el expresidente Martín Vizcarra acudió a la audiencia en la que se determinará si procede o no el pedido de la Fiscalía para imponerle una prisión preventiva por seis meses.
Si bien el exmandatario no está obligado a concurrir, él anticipó que hoy se haría presente en la audiencia en la que el fiscal Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato podrá, durante 50 minutos, sustentar su petición para que se le imponga prisión preventiva. El mismo tiempo tendrá la defensa legal del expresidente para rebatir la solicitud.
Vizcarra, se recuerda, es procesado por presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras en el periodo en el que fue gobernador regional de Moquegua entre los años 2011 y 2014.
Por este caso, el expresidente podría ser condenado hasta 15 años de prisión. Por el momento, sin embargo, el proceso se encuentra en su fase oral.
Millonarias coimas
De acuerdo a la hipótesis fiscal, el exgobernador regional habría recibido 2.3 millones de soles por los proyectos Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua que se adjudicaron durante su gestión a las constructoras Obraínsa e ICCGSA.
A la fecha Vizcarra no tiene ninguna restricción para viajar a provincias ni salir del país, tampoco cumple reglas de conducta específicas. El fiscal Juárez Atoche, en tanto, considera que el riesgo de una fuga está latente y que el exgobernador regional podría pedir un asilo político. En respuesta, este —en un intento de sortear la prisión preventiva— ha presentado dos contratos que acreditarían su arraigo laboral, pero de empresas que están ligadas a él y a su familia, como informó el último fin de semana un medio nacional.
Mientras, ayer martes, ante el Cuarto Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional, el Ministerio Público acreditó que hubo un insistente intercambio de llamadas telefónicas entre Vizcarra y José Manuel Hernández —el intermediario para el pago de un soborno de la constructora ICCGSA de 1.3 millones de soles a cambio de la adjudicación de las obras del hospital de Moquegua—. Asimismo, entre este y Rafael Granados, gerente de ICCGSA, entre marzo y abril de 2014.
El fiscal Osías Castañeda refirió que esta documentación corrobora la confesión de Hernández quien, acogido a la colaboración eficaz, refirió que fue luego de esas llamadas que se concretó el primer pago a Vizcarra.
