La aplicación de esta herramienta ahora quedará condicionada a una sentencia penal firme y definitiva. La nueva ley afectaría los procesos contra el prófugo Vladimir Cerrón y los expresidentes Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, Rodolfo Orellana, entre otros.
El Gobierno promulgó la ley que modifica y restringe la extinción de dominio, estableciendo ahora que los bienes obtenidos de manera ilegal solo podrán ser confiscados por el Estado si existe una sentencia judicial firme. Esta medida representa un cambio sustancial en el procedimiento legal para recuperar activos vinculados a actividades delictivas.
La nueva ley, la 32326, precisa que la extinción de dominio —proceso mediante el cual el Estado puede apropiarse de bienes de origen ilícito sin necesidad de una condena penal previa— se aplicará sobre todo bien patrimonial que sea objeto, instrumento, efecto o ganancia derivada de delitos graves. Entre estos figuran delitos contra la administración pública, contra el medioambiente, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, lavado de activos, contrabando, defraudación aduanera y tributaria, minería ilegal, estafa, delitos informáticos y otros vinculados al crimen organizado.
No obstante, la norma también establece excepciones. Y es que, en casos relacionados con tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera y tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, no será necesario contar con una sentencia firme o un laudo arbitral para proceder con la extinción de dominio.
En estos escenarios, el trámite judicial o arbitral no podrá ser oponible, y el juez deberá rechazar automáticamente cualquier pedido en ese sentido. La ley también establece que la acción de extinción de dominio prescribirá a los cinco años de haberse emitido una sentencia firme o un laudo. Esto permitiría a implicados evitar sanciones si logran dilatar sus procesos judiciales.
Pese a la advertencia de ls expertos, esta ley fue aprobada en abril por el pleno del Congreso en segunda votación con el respaldo de 42 parlamentarios, entre ellos los de Fuerza Popular y Perú Libre. La reforma altera significativamente el régimen de extinción de dominio.
La propia Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, alertó que más de 5,500 investigaciones quedarían comprometidas con esta nueva normativa, mientras el juez supremo Manuel Luján recordó que, gracias al régimen actual, el Estado ha logrado recuperar cerca de 160 millones de dólares en bienes ilícitos.
