Representantes de seis partidos de centro-derecha elaboraron un documento de política de lucha contra la criminalidad. La presentación de la propuesta fue ayer, en el local de la Cámara de Comercio de Lima en Jesús María.
Documento fue elaborado por PPC, Avanza País, APRA, Fuerza Moderna, Unidad y Paz, y Fuerza Popular. Estuvieron presentes Jaime de Althaus, Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), Arturo Alegría (Fuerza Popular), Carlos Neuhaus (PPC), Belén García (APRA), Gastón Barúa (Unidad y Paz) y Juan Villarán (PPC), además de Roberto de la Tore (Cámara de Comercio de Lima).
ESTRATEGIA
Entre las estrategias sugeridas está la creación de un comando unificado de seguridad, dirigido por la presidenta, el primer ministro y las fuerzas de seguridad. También la revisión de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para hacerla más ejecutiva y eficaz.
Además, proponen el corte de la cadena de valor del crimen organizado con el control de la producción, comercialización y exportación de oro ilegal y cocaína. Esto se haría mediante la interdicción fluvial y aérea, con apoyo de los Estados Unidos.
En cuanto al combate de la extorsión y el ‘gota a gota’, se exigen refuerzos de inteligencia policial, la creación de una policía comunitaria con exmiembros de las FF.AA. y PNP retirados, y la implementación de tecnología avanzada.
También se plantea la reforma de la PNP y del Poder Judicial con medidas como la eliminación del 24x24, la creación de unidades de flagrancia, el establecimiento de una jurisdicción nacional para el crimen organizado y la simplificación del Código Procesal Penal.
La reforma del sistema penitenciario, por su lado, incluiría la implementación de penales productivos con inversión privada, la separación de reos según peligrosidad y nacionalidad, y la construcción de un megapenal de 20,000 internos.
PLAN DE EMERGENCIA
La estrategia se enmarca en un plan de emergencia que contempla la delegación de facultades legislativas por 60 días. Esto para implementar la ley de reforma integral de la seguridad ciudadana, la ley de reorganización de la PNP, la ley para la expulsión inmediata de delincuentes extranjeros y el decreto de urgencia para financiar más cárceles, policías y fiscales.
A modo de conclusión, el plan propone mano dura contra el crimen con un enfoque centralizado, mayor poder a la PNP y a las FF.AA., reformas al sistema judicial, y medidas para erradicar las economías ilegales que sostienen al crimen organizado.
