Más de medio millón de peruanos fueron perjudicados con la ley que puso topes a las tasas de interés. Se espera que en los próximos días los legisladores le tiendan una mano a los ciudadanos expuesto a los créditos informales con la derogación de esta infame norma.
¿Cuál es el fin de un legislador? Proponer, analizar y aprobar leyes que sirvan para normar y mejorar la sociedad en donde vivimos. Si bien el actual Congreso de la República es criticado constantemente por la calidad de normas que ha proferido en los últimos meses, durante este mes de marzo tiene la oportunidad de darle la mano a la población, sobre todo a la más expuesta a la informalidad y al crimen.
En 2020, el Congreso de transición tomó una decisión que en papeles se veía positiva, pero que en la práctica tuvo el efecto contrario.
La Ley 31143 “que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros” buscaba proteger a los usuarios del sistema financiero otorgando al Banco Central de Reserva (BCR) la facultad de establecer semestralmente una tasa de interés máxima para créditos de consumo y MYPE.
Lo aprobado ese año llevó a la exclusión de miles de usuarios del sistema formal, sobre todo aquellos de menores ingresos. Esto abrió un mercado ilegal de préstamos en donde cliente debía poner como garantía de buen pagador su vida: desde entonces el ‘gota a gota’ comenzó a proliferar por el país.
Cuatro años después de esa nefasta ley el Congreso hizo un estudio de la situación. Y no se puede permitir que más peruanos sean víctimas de la extorsión y el sicariato. El 13 de diciembre de 2024, se derogó, en primera votación, el tope a las tasas de interés, sin embargo, para que esta ley quede totalmente eliminada se necesita una segunda votación que deber darse en los próximos días.
